Esta semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia contra España por el incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en diversas zonas del país, y especialmente en la isla de Tenerife, donde hay localizados 12 puntos de vertidos críticos a lo largo y ancho del litoral.
El caso se remonta al año 2021 y la Unión Europea advierte de importantes sanciones económicas de no resolverse las deficiencias de la isla en materia de saneamiento y depuración.
De hecho, por otra denuncia anterior debido a vertidos directos al mar de aguas residuales sin tratar en el Valle de Güímar, Canarias paga 1,3 millones de euros anuales de multa a la Unión Europea. Es un grave problema sanitario, ecológico y económico para la Isla que exige una actuación prioritaria y urgente del Cabildo de Tenerife. Es el Gobierno insular el que tiene que liderar esta actuación y culminar las infraestructuras necesarias para solventar de una vez por todas ésta que es una de las grandes asignaturas pendientes de la Isla, y de España en general.
Están en riesgo la salud pública, el medioambiente de nuestro litoral y hasta la marca turística de Tenerife.
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