Dejamos atrás un año intenso y no exento de polémica en lo que a cambios legislativos se refiere, movilizaciones sociales multitudinarias e indicadores que siguen siendo desfavorables para la ciudadanía canaria. Claro ejemplo de ello es la escasa reducción en los tiempos de espera tanto en Dependencia como en Discapacidad o la insuficiente inversión para ampliar la cartera de servicios que dé respuesta real y efectiva a las demandas del sector.
Persistimos en un escenario donde la seguridad de acceder a una vivienda, a un sistema sanitario público o a unas políticas sociales sólidas y ágiles siguen siendo una fantasía. A ello se suma una educación que aún no logra atender a la diversidad y lo más doloroso, asistimos a la continua destrucción -o venta al mejor postor- de nuestro territorio, símbolo de nuestra identidad.
Este año, además de ser año preelectoral, es el de la cuenta atrás definitiva para la ejecución y justificación de los Fondos Next Generation, cuyo plazo expira en agosto de 2026. Es decir: quién no ha ejecutado, tiempo ha tenido. Esta combinación no debe pasar desapercibida, pues no solo marcará el ritmo de la gestión política y económica, sino que pone en juego nuestra credibilidad ante Europa y ante los inversores. No olvidemos que, durante el 2025, se ha criticado que la ejecución de los fondos europeos en algunas áreas apenas superaba el 20% a mitad de legislatura; un lujo que siendo una comunidad con altos índices de pobreza, no nos podemos permitir.
Los Fondos Next Generation no llegaron como un cheque en blanco; las condiciones y los plazos de ejecución fueron claros desde el inicio. No debemos olvidar que la factura de los préstamos solicitados recaerá sobre las generaciones futuras hasta el año 2058. Una gestión negligente no es solo un error administrativo, es un riesgo real de hundirnos más en la precariedad. No podemos permitir que el futuro de nuestras tierras y de las futuras generaciones, se vea comprometido por una gestión basada en la improvisación y parcheo técnico.
No es de extrañar la noticia publicada hace unas semanas sobre posibles irregularidades en los nombramientos en la Unidad Administrativa Provisional de Dirección de Fondos Next Generation en la Consejería de Bienestar Social. Esta situación sumada a escándalos como el “caso Tabaiba” o el desvío de fondos destinados a centros de menores, genera no solo desconfianza en la clase política sino que siembra incertidumbre, angustia y una profunda frustración entre las personas más vulnerables. Son precisamente ellas, las usuarias de unos servicios sociales públicos al límite, quienes pagan el precio de una gestión cada vez más mercantilizada y salpicada por la sospecha.
El caso más reciente lo tenemos con las encomiendas de gestión por parte de esta Consejería a Gestrur. Llama la atención que una empresa ligada históricamente a urbanismo,, haya sufrido sucesivas modificaciones estatutarias a lo largo del 2025. Esta “especialización sobrevenida”, diseñada apenas meses antes de recibir los encargos, podría considerarse una maniobra para evitar la licitación pública y la libre concurrencia. Si además, fijamos las partidas presupuestarias por debajo de los 750.000 euros, nos ahorramos la fiscalización previa del Interventor. Así, el control pasa a ser una auditoría posterior: cuando ya el dinero ha salido de las arcas públicas y se ha gastado, bien….o mal.
Y es que, parece haberse normalizado y extendido entre las administraciones públicas esa mala praxis -que roza la soberbia de quien se cree intocable – , de apartar a cualquier profesional que, con
criterio técnico, impida que la gestión pública se convierta en un cortijo privado. Son empleados y empleadas públicos independientes que, bajo el paraguas de la Ley, se niegan a practicar la improvisación, el parcheo o la lealtad incondicional que algunos confunden con servilismo, o como decimos los canarios “borreguismo”.
Y ¿qué hacen nuestros dirigentes políticos en Canarias ante este escenario? Pues básicamente, lo de siempre: no complicarse – mucho menos sonrojarse- y confiar en que el siguiente titular tape la falta de gestión.
Por supuesto, la estrategia ahora está clara: toca pensar en nuevas alianzas. No es de extrañar el perfil bajo de la oposición en ciertos temas estratégicos, pues parece que ya no importa “el cómo” se están haciendo las cosas. La política canaria se ha convertido en un “juego de sillas” donde lo que importa es quién se sienta y con quién, tras las elecciones. Es el momento de las promesas a destiempo; de intentar cumplir en el último suspiro lo que no se planificó en su día y lo que es peor, hipotecar nuestro futuro y bienestar con medidas sin ninguna garantía de sostenibilidad.
Porque lo que no se ha gestionado en dos años y medio, difícilmente se resolverá en el año y medio que resta. Menos aún cuando las energías se centran más en lavar la imagen ante asuntos turbios que ya son de dominio público, en culpar al Estado por lo que no se ha sabido resolver o centrando el discurso, en “herencias pasadas”. Al final, la gestión se convierte en cosmética electoral -con las redes sociales como principal soporte- mientras los problemas estructurales de las islas siguen ahí, esperando una solución que no llega.
Lo que ya no esperamos es que hablen de las opciones reales que tenemos para ser autosuficientes, para gestionar con autonomía nuestros recursos, nuestro territorio y nuestras aguas. No nos engañemos: las decisiones estratégicas se toman en los despachos de Madrid, Bruselas o Rabat.
En este tablero geopolítico y económico, nuestros dirigentes han aceptado un papel secundario -mucho más cómodo para sus intereses– asegurándose así de que el poder permanezca siempre en las mismas manos. En este juego de intereses ajenos, los canarios hemos sido condenados a ser meros espectadores; eso sí, con asientos en primera fila para ver cómo se subasta nuestro futuro.
Por todo ello, pedimos a nuestra clase política honestidad, responsabilidad y la humildad necesaria para trabajar con decisión, desde el respeto y el amor hacia nuestra gente y nuestro territorio.
Feliz año nuevo y mis mejores deseos.
*Trabajadora social, valoradora del Servicio de Dependencia y sindicalista (Intersindical Canaria)
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