Hace apenas dos años y medio, con el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, Canarias avanzaba de forma clara hacia la reducción casi total de las listas de espera en dependencia. No era propaganda ni un relato interesado: los datos mostraban una tendencia sostenida de mejora, basada en decisiones concretas y valientes. Se crearon plazas sociosanitarias, se incrementaron los importes de las prestaciones económicaspara adaptarlos al coste real de los cuidados y se actualizó el precio que la Administración pagaba por plaza, después de años de congelación, para garantizar la viabilidad del sistema y mejorar la calidad de la atención. Había un rumbo claro: reforzar el sistema público y hacer efectivo un derecho.
Hoy, en 2026, el panorama es radicalmente distinto. Canarias se ha convertido en una de las comunidades autónomas con peores resultados de todo el Estadoen atención a la dependencia. Y este giro no es casual ni inevitable: coincide con la llegada del Partido Popular y Coalición Canaria al Gobierno autonómico.
Las consecuencias de este cambio de rumbo son evidentes. En Canarias, miles de personas en situación de dependencia fallecen esperando una prestación a la que tenían derecho. Más de 17.000 personas cuentan con su derecho reconocido y no reciben absolutamente nada. El tiempo medio de espera supera con creces el plazo máximo que marca la ley. Y, por primera vez en España, en Canarias se expulsa a personas del sistema por no poder contratar en tres meses un servicio que, sencillamente, no existe. Esto no describe una crisis inevitable ni una herencia imposible de gestionar: describe un fracaso político.
Este fracaso no es exclusivo de Canarias. El patrón se repite allí donde gobierna el Partido Popular. Las comunidades con más listas de espera, mayores tiempos de tramitación, más personas en situación de dependencia que fallecen sin atención y mayor déficit de servicios públicos comparten un mismo denominador común: están gobernadas por el Partido Popular. Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid o Galicia encabezan los rankings negativos del sistema de dependencia. No es una coincidencia estadística: es un modelo ideológico que concibe la dependencia como un gasto a contener y no como un derecho que garantizar.
En solo dos años y medio, Canarias ha pasado de avanzar hacia la eliminación de las listas de espera a liderar en España las prestaciones no efectivas. De las 20.000 prestaciones concedidas en 2025, 17.124 nunca llegaron a hacerse efectivas. Más del 26 % de los derechos reconocidos no se cumplen, frente a una media nacional muy inferior. Paralelamente, el sistema público se ha ido desmontando pieza a pieza: la ayuda a domicilio se ha reducido en más de un 60 %, han caído los centros de día, la atención residencial y hasta la teleasistencia. Miles de servicios públicos reales han desaparecido en muy poco tiempo.
A este desmantelamiento se suma una parálisis injustificable. En dos años no se ha creado ni una sola plaza sociosanitaria nueva,pese a que el propio Observatorio Estatal de Servicios Sociales reconoce un déficit de más de 10.500 plazasen Canarias. Los convenios con los cabildos se firmaron con un año de retraso y 2024 y 2025 han sido, en la práctica, dos años perdidos para el crecimiento del sistema. Mientras tanto, las personas en situación de dependencia envejecen, empeoran o fallecen esperando.
El Gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria han consolidado así un sistema de dependencia low cost: más prestaciones económicas mal diseñadas y menos servicios públicos reales. Sobre el papel, se reconocen derechos; en la práctica, no se garantizan. El cuidado se traslada a las familias, se sobrecarga especialmente a las mujeres y se vacía de contenido la Ley de Dependencia. Cuando una persona pierde su derecho por no poder contratar un servicio inexistente dentro de un plazo arbitrario, no estamos ante un problema administrativo: estamos ante un incumplimiento consciente de la ley.
El Partido Popular nunca ha ocultado su visión sobre la dependencia. M. Rajoy lo expresó con crudeza cuando afirmó que “la Ley de Dependencia no es viable y habrá que ir haciendo lo que se pueda”. Esa filosofía sigue plenamente vigente allí donde gobierna el PP. “Hacer lo que se pueda” significa aceptar listas de espera eternas, asumir que personas en situación de dependencia mueran sin atención, recortar servicios, no crear plazas y convertir un derecho subjetivo en caridad condicionada.
Y ahí está el verdadero debate.Caridad frente a derechos. Para el PSOE, la dependencia es un derecho subjetivo, una obligación pública y una cuestión de justicia social. Para el Partido Popular, sigue siendo una ayuda graciable, condicionada y prescindible. Canarias ya ha conocido ambos modelos en muy poco tiempo. Y los resultados no dejan lugar a dudas.
Marta Arocha Correa es senadora por la isla de Tenerife y secretaria regional de sanidad, dependencia y discapacidad del PSOE.
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