El debate sobre el carril bici en Santa Cruz de Tenerife ha dejado de ser una discusión técnica sobre movilidad para convertirse en un reflejo nítido de dos modelos de ciudad que hoy conviven -y chocan- dentro del propio gobierno municipal. Las posiciones de Carlos Tarife y José Manuel Bermúdez no solo son distintas: representan visiones políticas y urbanas claramente divergentes sobre cómo debe evolucionar la capital tinerfeña en las próximas décadas.
Por un lado, Carlos Tarife ha asumido un discurso que apuesta de forma explícita por una transformación profunda del espacio urbano. Su defensa del carril bici no es coyuntural ni meramente ambiental, sino estratégica. Tarife entiende que Santa Cruz debe reducir su dependencia histórica del vehículo privado y avanzar hacia un modelo más cercano al de las ciudades europeas de la costa sur, como Málaga, a cuyo alcalde ha señalado en distintas ocasiones como referente. En ese modelo, la bicicleta no es un elemento decorativo, sino una infraestructura estructural que reordena prioridades: menos espacio para el coche, más para peatones, movilidad activa y vida urbana.
Desde esta perspectiva, el carril bici es una herramienta para cambiar hábitos, no para acomodarse a ellos. Tarife asume que toda transformación genera resistencias, especialmente en ciudades con una fuerte cultura del automóvil como Santa Cruz, pero considera que el liderazgo político consiste precisamente en anticiparse, planificar y sostener esos cambios en el tiempo. Su posicionamiento conecta con políticas de movilidad sostenible, salud pública, reducción de emisiones y atracción de nuevos perfiles de residentes y visitantes. En este sentido, lo que vemos es que Tarife busca una transformación de Santa Cruz.
En el extremo opuesto se sitúa la postura de José Manuel Bermúdez, alcalde de la ciudad, que ha impulsado el desmontaje de tramos ya ejecutados del carril bici. Su enfoque es más conservador y pragmático, no tanto por rechazo ideológico a la bicicleta, sino por una lectura política muy concreta del contexto local. Bermúdez ha priorizado la reacción de los comerciantes del distrito centro y de los pocos pero influyentes vecinos organizados que reclaman accesibilidad en coche, carga y descarga y aparcamiento como elementos esenciales para la actividad económica.
Este posicionamiento parte de una premisa clara: Santa Cruz no dispone de un tejido vecinal amplio y movilizado en el centro histórico que contrapese el poder de los intereses comerciales. En ese vacío de presión ciudadana organizada, el alcalde opta por evitar conflictos con quienes sí tienen capacidad de influencia inmediata. A ello se suma el argumento legal, tras la anulación judicial de la ordenanza de movilidad, que Bermúdez ha utilizado para justificar la retirada de la infraestructura y el replanteamiento completo del modelo.
La diferencia entre ambas posturas no es solo de ritmo, sino de dirección. Mientras Tarife concibe el carril bici como un catalizador de cambio urbano a medio y largo plazo, Bermúdez lo interpreta como un elemento potencialmente disruptivo en el corto plazo para sus bases electorales, y por lo tanto capaz de generar rechazo social y desgaste político. En el fondo, el debate no gira únicamente en torno a bicicletas, sino a quién se le da prioridad en el reparto del espacio público: al vehículo privado o a las formas de movilidad alternativas. ¿Qué será lo siguiente?, ¿hacer peatonal el Puente Serrador para que paseen papá y mamá con sus carritos?
Así, el carril bici se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de si Santa Cruz quiere parecerse más a las ciudades mediterráneas que han apostado por transformar su modelo urbano o si prefiere mantener un equilibrio continuista, condicionado por la presión de intereses concretos y por una ciudadanía poco organizada en torno a la defensa del espacio público. La decisión final no será técnica, sino profundamente política, y marcará el rumbo de la ciudad durante años.
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