La Guardia Civil de Vecindario, en Gran Canaria, ha procedido a la detención e investigación de un varón como presunto autor de un delito contra la intimidad, en su modalidad de descubrimiento y revelación de secretos.
El investigado está acusado de orquestar una campaña de desprestigio contra su expareja, difundiendo fotografías y vídeos de contenido sexual explícito sin su consentimiento.
La operación se desencadenó tras la denuncia de la víctima, quien manifestó estar sufriendo un calvario de coacciones y vejaciones.
Según el relato policial, el hombre, movido por un ataque de celos, envió material íntimo de la mujer a un tercero, que resultó ser otra anterior pareja sentimental de la víctima.
Una campaña de desprestigio y violencia psicológica
La investigación de la Benemérita ha confirmado que las imágenes fueron capturadas en lugares de ocio y domicilios particulares. Aunque el material se obtuvo de forma privada, en ningún caso se autorizó su difusión.
Los agentes realizaron un análisis forense de las pruebas digitales, rastreando capturas de pantalla en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, donde el detenido profería expresiones insultantes y denigrantes.
Un testimonio clave en el caso fue el de un testigo que corroboró haber recibido el material sensible de forma no deseada. Este testigo relató cómo el investigado le contactó insistentemente para intentar “contrastar” detalles de la vida privada de la mujer, buscando su aislamiento y humillación pública.
Actitud desafiante ante la Guardia Civil
A pesar de la gravedad de los hechos, el sospechoso mostró inicialmente una actitud desafiante ante los agentes. Durante los contactos telefónicos con la Guardia Civil, trató de eludir su responsabilidad alegando supuestos motivos laborales fuera de la Isla.
Sin embargo, la presión y el trabajo técnico de la policía judicial forzaron su comparecencia en dependencias oficiales de Santa Lucía de Tirajana.
Desde la Guardia Civil recuerdan que la difusión de este material íntimo no es solo un ataque a la privacidad, sino una forma de violencia psicológica severa. “La permanencia de estos contenidos en internet genera un daño moral de incalculables consecuencias“, señalan los agentes, subrayando la importancia de denunciar de inmediato para frenar la cadena de distribución.
El atestado policial, que incluye todas las gestiones técnicas y las pruebas de vejaciones en redes sociales, ya ha sido remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana.
Cárcel y multas: lo que dice el Código Penal
Este tipo de delitos, conocidos jurídicamente como descubrimiento y revelación de secretos, están severamente castigados en nuestro país.
Según el Artículo 197.7 del Código Penal, difundir imágenes o vídeos íntimos sin el consentimiento de la víctima —aunque hayan sido grabados con permiso en la intimidad— puede acarrear las siguientes consecuencias:
- Penas de prisión: De 3 meses a 1 año de cárcel. Sin embargo, si los hechos son cometidos por una expareja (como es este caso), la pena se impone en su mitad superior.
- Agravantes: Si el objetivo es menoscabar gravemente la dignidad de la víctima o si los contenidos se difunden de forma masiva, las penas pueden aumentar considerablemente.
- Indemnizaciones: Además de la condena penal, el autor suele ser condenado al pago de cuantiosas indemnizaciones económicas por el daño moral causado y la “victimización secundaria” que supone la permanencia de estos archivos en la red.
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