La moral cristiana impregna al derecho romano y a la cultura occidental, sobre todo en los conceptos de igualdad y solidaridad. También coincide con el derecho natural. Los últimos serán los primeros, dice a palabra evangélica, y la antigüedad no cuenta a la hora de repartir los beneficios, como ocurre en la parábola de los trabajadores que perciben el mismo salario, independientemente del tiempo que estén trabajando en la viña. Esto parece una injusticia en el ámbito laboral -en el de cualquier tiempo-, pero viene a decir que los derechos no se generan a partir de un momento determinado, sino que se adquieren por una condición natural que nos uniforma y nos hace iguales, incluso para eso. Esto es suficiente para eliminar cualquier tipo de ventajas y prioridades para disfrutar de los beneficios que se establecen para todos. Solo se plantea cuando estos son escasos y no hay para repartir. Jesús lo resuelve al final del sermón de la montaña dando de comer a 50.000 personas con dos panes y cinco peces. El debate actual sobre la prioridad repugna ante esta moral evangélica y se intenta resolver con un híbrido, llamado arraigo, que uniforma a todos los ciudadanos de manera relativa, estableciendo un plazo de pertenencia. Ya sabemos que esto es incompatible con la estructura de una sociedad de mérito, donde se valoran otras cuestiones a la hora de acceder a los repartos. El arraigo consiste en la valoración de una temporalidad y esto está inserto en la estructura de un grupo donde hay que repartir beneficios de la manera más equitativa posible, y donde los escalafones funcionan a la hora de establecer los grados para escalar en la adjudicación de responsabilidades. Un orden en las antípodas de este estaría cercano a la anarquía. Tampoco podemos engañarnos al considerar estas posiciones como exclusivas de los movimientos progresistas, pues el ideal de estos, cuando llegan a implantar sus modelos de gobierno, se materializa en órganos gerontocráticos donde el orden de veteranía y experiencia es tenido especialmente en cuenta. Para salir airoso de esta controversia el PP ha encargado una encuesta con resultados sorprendentes. El 40% del electorado socialista no muestra rechazo a la prioridad, y entre los suyos no se detecta que produzca quebranto. Podría decirse que la reacción responde al componente egoísta que acompaña al ser humano en su instinto de supervivencia, y no le faltaría razón al que así opine. Por otra parte, y sin entrar en el vigor actual de los dogmas, hoy se establece como verdad, a partir de Habermas, la opinión coincidente de una mayoría, siempre que esté ajustada a la racionalidad. La estructura social es como es y desmontarla sería una auténtica revolución. Es más, no conozco ninguna revolución que haya sido capaz de hacerlo del todo para sustituirla por otro modelo, al menos en lo esencial. El mundo está hecho así. Lo que habría que hacer es conseguir implementar la producción de bienes y asistencias: viviendas, sanidad, educación, alimentos, salarios y bienes culturales, en lugar de dictar normas para repartir algo que se considera deficitario. Este no es un debate constitucional, porque a la Constitución no se la puede interpretar de forma aislada y desmenuzada. Cada principio está interrelacionado con otros, y, entre todos, tejen un conjunto que es lo que posibilita la coexistencia del grupo. Si no se entiende así, es otro tema para alimentar esta polarización que nos destruye.
