El edificio que albergó hace 35 años el silo de granos portuario, en la autovía de San Andrés, no será demolido en espera al anuncio del Ministerio de Cultura relativo a la incoación de expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Por este motivo, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, reunido ayer de urgencia, acordó suspender temporalmente la licitación del derribo por “un criterio de prudencia jurídica ante la eventual protección patrimonial del inmueble”, según anunció su presidente, Pedro Suárez.
El responsable de Puertos de Tenerife explicó que la decisión de demoler el silo, hoy en desuso y sin empresas interesadas en su reutilización, se tomó el pasado septiembre en el Consejo de Administración, “donde por unanimidad de sus miembros, entre los que se encuentran el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento capitalino, los que ahora reclaman su conservación en los medios de comunicación, se acordó iniciar dicha demolición a fin de liberar espacio industrial en la Dársena del Este”.
No obstante, y tras el debate mediático generado, la Autoridad Portuaria ha recibido una carta del Ministerio de Cultura en la que anuncia que incoará un expediente para declarar al inmueble como BIC en las próximas semanas, lo que ha llevado a paralizar el procedimiento de demolición sine die.
Al respecto, Suárez planteó si dicho organismo estatal es el competente para ello, pues “el patrimonio histórico corresponde a las comunidades autónomas”. Por ello, el Consejo de Administración ha instado a las administraciones que ahora piden salvar el edificio a incoar los correspondientes expedientes de protección del inmueble.
Asimismo, señaló que otro de los acuerdos del Consejo se centró en encargar un estudio “inminente” de valoración patrimonial del edificio, que data de 1965, con el objetivo de determinar su posible relevancia histórica, arquitectónica o cultural, ya que aseguró que “el edificio no cuenta con ningún tipo de protección y, además, está en suelo de uso industrial acorde al Plan Especial del Puerto”.
El presidente de Puertos recordó que la propuesta de demolición del silo se debió a la necesidad de buscar nuevos espacios en el Dique del Este, “donde estamos constreñidos” al ser una zona industrial tensionada ante la reorganización del tráfico portuario, y en la que además de existir empresas químicas, cementeras y de combustible, también está la terminal de contenedores y la operativa de tráfico rodado, trasladada desde la Dársena de Anaga para realizar las descargas nocturnas y evitar los ruidos a los vecinos.
Necesidad de espacio
Suárez reiteró que todo ello llevó a acordar la licitación del derribo, que no es el primero de edificios portuarios que se ejecuta, pues “nos encontramos en un momento de oro para atraer más tráfico de contenedores o de industrias de reparación naval y, por ello, necesitamos de más espacio”.
Mientras, sobre la postura anunciada por el Cabildo de iniciar medidas cautelares contra la demolición del silo, el presidente del ente portuario espetó que “en el Consejo de Administración votó a favor, por lo tanto no entiendo esa declaración realizada solo a los medios”. En cuanto a las críticas de varias administraciones respecto a que Puertos les negó entrar al silo para evaluar su estado, Suárez negó tal hecho y detalló que “hay un informe de la Inspección de Riesgos Laborales que advierte de que el deterioro en el interior del edificio es muy grande, pero más allá de esto ninguna entidad pública ha pedido entrar”.
“Estoy en contacto permanente con la dirección general de Patrimonio, que solicitó mantener una reunión técnica en torno al estado del silo, la batería del Bufadero o los muelles de carbón, pero no para entrar al edificio. Solo el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) lo solicitó para un concesionario, pero se comunicó que tenía que trasladarla el interesado ante los riesgos que implicaba la visita”.
Igualmente, aludió a que en su momento, el COA consideró que el silo podría tener valor patrimonial y se acordó seis meses para buscar un concesionario que le diera un nuevo uso al edificio, pero “no recibimos ningún tipo de propuesta privada o pública en ese tiempo. El representante de la Zona Franca lo hizo a título personal, no por la entidad de la que, además, soy presidente”. Respecto al futuro del silo, si se declara como BIC, dijo que “hoy su uso sería industrial. No cabría un museo”.
El COA celebra la suspensión de la demolición tras meses de defensa
El Colegio Oficial de Arquitectos (COA) calificó ayer de “hito histórico” la suspensión del derribo del silo portuario. Una decisión que llega “in extremis”, tras las acciones iniciadas por el órgano colegial a finales de octubre en defensa del patrimonio de la isla. El COA aboga por una salida que permita darle un nuevo uso al silo.