Todo apunta a que el polémico monumento a Franco, ubicado en la avenida Francisco La Roche de la capital tinerfeña, no será declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Canarias. Los expertos de la ponencia técnica de Patrimonio Arquitectónico del Ejecutivo regional, reunidos ayer, dictaminaron, con solo una abstención y un voto en contra, no dar protección a la obra del artista Juan de Ávalos.
Esta decisión, que implica un revés a los informes emitidos por diversas entidades expertas en patrimonio y arte, como la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y la Real Academia de Extremadura, que abogaban por la declaración como BIC del monumento al defender los valores históricos y artísticos de la obra, ahora será trasladada al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, del que aún no hay fecha prevista.
Aunque la decisión del Ejecutivo regional aún no es firme, fuentes gubernamentales explicaron que con toda probabilidad se respaldará la decisión de la ponencia técnica, ya que “el Consejo nunca ha aprobado un expediente en contra de los informes de los expertos”.
Una vez se eleve el dictamen al Consejo de Patrimonio Cultural, que es quien lo aprueba, el Gobierno, por decreto, declarará el fallo.
La ponencia técnica es el órgano colegiado asesor y de apoyo técnico que informa al Gobierno de aquellos expedientes de Bien de Interés Cultural sobre el patrimonio histórico, cultural y arqueológico de las islas. Su función es evaluar la protección, conservación y restauración de bienes antes de su aprobación por la Comisión de Patrimonio o la dirección general de Patrimonio Cultural y está compuesto por especialistas de la administración pública y expertos en arte, urbanismo y arquitectura.
En cuanto a la gestión BIC, analiza los informes de incoación de expedientes iniciados sobre un bien. En el caso del monumento a Franco, lo que ha hecho es tramitar el impulsado en octubre de 2024 por el Cabildo de Tenerife, que solicitó dicha declaración, en la categoría de Monumento.
Esta incoación tuvo su origen en una sentencia judicial que obligó a la Corporación a iniciar el trámite, a raíz de un recurso presentado por la asociación San Miguel Arcángel. Según el fallo, la escultura debía quedar protegida no solo por su relevancia como pieza escultórica, sino también por ser un ejemplo singular de la obra del artista en las islas.
En su momento, la presidenta, Rosa Dávila, señaló que para ello era clave “resignificar la obra para que se convierta en un símbolo de unión, concordia y fortaleza futura para toda la sociedad tinerfeña”, por lo que el Cabildo propuso cambiar su nombre por el de monumento a la Concordia.
La decisión de la ponencia técnica fue aplaudida por la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que expresó su satisfacción ante el “contundente” rechazo a declarar BIC el monumento. “Nos alegra este resultado. Es un paso necesario para acabar con un símbolo que choca frontalmente contra los valores democráticos y que constituye un agravio para las víctimas”, dijo Mercedes Pérez Schwartz.