El PP, Vox y Junts volvieron a sumar en la tarde de ayer sus votos en el pleno del Congreso para derogar el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar, socio minoritario del Ejecutivo. Además de esas tres formaciones de derecha o ultraderecha, también votó en contra del texto UPN, mientras que el PNV se abstuvo y el resto del hemiciclo lo respaldó, el PSOE incluido. El resultado final fue de 166 votos a favor, 177 en contra y 6 abstenciones.
De este modo, el texto que estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 20 de marzo, queda derogado y sin efectos legislativos. El decreto, además de la prórroga de los alquileres, también incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a sus inquilinos en esta prórroga.
Solo en Canarias, esta derogación perjudica a 66.620 contratos y a 161.882 personas, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Consumo, que usaron para extraer esas cifras el Panel de Hogares que desarrolla la Agencia Tributaria en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estudios Fiscales. No obstante, las comunidades con más familias beneficiadas hubiesen sido Madrid, Barcelona y Andalucía, que concentran el 54% del total de 2.687.392 personas afectadas por los 1.037.603 contratos de alquiler que vencerán este 2026 y 2027, según publicó en su día El País.
Por otro lado, y en el Consejo de Ministros de la mañana, el Gobierno decidió mantener su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,2% para 2026, aunque advirtió de que el impacto del conflicto en Oriente Medio puede alcanzar las ocho décimas, y recortó sus cálculos para el déficit público hasta el 1,6% del PIB este año. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó el Informe Anual de Progreso, que cada Estado miembro debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril en cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales.
Por su parte, la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) hasta este abril y la incorporación de los últimos datos ha supuesto que el Gobierno ajustara de forma automática la inflación al alza a través del deflactor del PIB, de un punto, desde el 2,1% al 3,1%. En materia fiscal, la previsión para el cierre de 2026 del Gobierno ha bajado del 2,1% planteado en noviembre al 1,6% previsto ahora.