La crónica de sucesos en Tenerife suma una nueva e importante resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El tribunal ha impuesto una pena de tres años y dos meses de prisión al propietario de un conocido bar de La Laguna debido a un delito de tráfico de drogas. La condena es el resultado de un registro policial desplegado en mayo de 2025, donde los agentes incautaron sustancias estupefacientes de alta pureza y herramientas destinadas a la distribución al menudeo dentro del propio comercio. A pesar de los intentos de la defensa por desvincular los hallazgos de una actividad delictiva, los magistrados han considerado probados los hechos.
El fallo emitido detalla que, además de la privación de libertad, el encausado deberá afrontar una sanción económica de 500 euros. La cantidad de estupefacientes intervenidos por las fuerzas de seguridad habría alcanzado un valor cercano a los 700 euros en el mercado ilícito. No obstante, la Sala ha decidido aplicar una circunstancia atenuante debido al estado de toxicomanía crónica que presenta el hostelero, quien acreditó una severa adicción a diversas sustancias.
Sucesoe en un bar de La Laguna: el registro de la Policía Nacional a medianoche
Los hechos que originaron esta investigación penal ocurrieron el 4 de mayo a las 00:30 horas. Conforme a las declaraciones de las patrullas policiales que comparecieron en el juicio, el dispositivo preventivo se activó tras recibir informaciones previas sobre movimientos sospechosos en el entorno de este bar de La Laguna. Tras interceptar a varios clientes que abandonaban el local portando dosis de estupefacientes, las dotaciones decidieron acceder al establecimiento para realizar una inspección exhaustiva de las instalaciones. Fue sobre la mesa de una pequeña dependencia habilitada como cocina interior donde los agentes descubrieron los principales elementos incriminatorios.
En esa estancia se intervinieron dos básculas de precisión y una bolsa con 11,5 gramos de cocaína. Los análisis químicos posteriores determinaron que la droga poseía un elevadísimo índice de pureza del 82%. Junto a esto, las autoridades localizaron nueve pastillas destinadas a producir efectos idénticos a los del viagra, seis gramos de hachís y 265 gramos de una sustancia pulverulenta utilizada habitualmente para el corte del estupefaciente. El hallazgo definitivo que vinculó directamente al dueño con el menudeo fue la coincidencia exacta en el color de los hilos y los recortes de bolsas hallados en la cocina con el envoltorio de la dosis intervenida a uno de los compradores del local.
La Audiencia Provincial determinó que la versión policial cuenta con total veracidad, destacando que al entrar al local el hostelero intentó acceder apresuradamente a la cocina con la clara intención de deshacerse de los elementos incriminatorios, siendo interceptado a tiempo por los agentes.
Las coartadas del acusado y la investigación a los testigos por falso testimonio
La línea defensiva del procesado argumentó que los 11 gramos de cocaína no superaban los umbrales máximos establecidos para el autoconsumo individual. Para justificar el resto de los polvos hallados en la cocina de este bar de La Laguna, el acusado llegó a asegurar ante el tribunal que no se trataba de sustancias estupefacientes, sino de un producto químico empleado para la eliminación de plagas de hormigas. Asimismo, testificó que consumía una media de tres gramos diarios debido a su dependencia desde los 18 años, solicitando por ello su libre absolución o una rebaja sustancial que le permitiera la libertad provisional.
Sin embargo, los magistrados desestimaron estas explicaciones al valorar el contexto del caso: las sustancias se ubicaban en un espacio abierto al público, los utensilios correspondían al pesaje y distribución de dosis, y los clientes salían del local con envoltorios idénticos. La defensa también hizo mención a unas cámaras de videovigilancia con el fin de sembrar dudas sobre las transacciones, pero el propio hostelero reconoció en el registro que el sistema no funcionaba y los dispositivos nunca se entregaron como prueba.
La tensión del proceso aumentó cuando la Fiscalía de la comunidad autónoma —que inicialmente demandaba una condena de siete años y medio de cárcel— anunció formalmente que interpondrá una denuncia por falso testimonio contra dos testigos que comparecieron a favor del hostelero. Se trata de dos clientes a quienes la policía les había retirado cocaína y estimulantes la noche de los hechos. Durante la vista oral, ambos negaron haber comprado la mercancía al acusado y ofrecieron versiones contradictorias sobre el motivo por el cual se hallaban en el establecimiento a medianoche sin consumir bebida alguna, lo que motivó la intervención del Ministerio Fiscal.