La familia italo-cubana con cuatro hijos menores -el mayor, de siete años- derivada por el Ayuntamiento de Valverde al puerto de Los Cristianos sin recursos ni alternativa habitacional, tiene ya una solución más estable. Dicha familia desembarcó el pasado jueves en el puerto de Los Cristianos sin saber a dónde ir , “con la única directriz del Consistorio herreño de acudir a la embajada italiana para regularizar su situación”, aseguraron los padres.
El Ayuntamiento de Arona les había garantizado un alojamiento provisional hasta ayer mientras se buscaba una salida definitiva. Ha sido el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección Regional de Infancia y Familia, quienes han coordinado esa solución. Se espera sean ubicados en el norte de la Isla, previa entrevista con la asociación que gestionará su acogida.
Mientras se concreta la manera de proceder entre administraciones, los Servicios Sociales de Arona han conseguido, tras trabajar a contrarreloj, prolongar la estancia en la vivienda provisional hasta el próximo martes. El Consistorio sureño ha sufragado además productos alimentarios y de aseo, que podrán recoger en el centro comercial de Los Cristianos.
La directora regional de Infancia y Familia, Sandra Rodríguez, que participó en la coordinación entre administraciones, ofreció una lectura conciliadora. “Hemos hablado con los dos ayuntamientos, pedido informes a unos y otros, y nos hemos coordinado ante la presencia de menores”, explicó. Rodríguez precisó además que, según lo trasladado desde el Consistorio de Valverde, la familia “había solicitado expresamente trasladarse a Tenerife, ya que tenían vínculos familiares: “De hecho, es la primera isla a la que llegaron antes de ir a El Hierro, y por eso se actúa de esa manera. No tengo por qué cuestionar esa información”, afirmó, aunque reconoció que “aún se esperan informes completos para tener un cuadro más preciso del caso”.
Sin indicadores de desprotección
Rodríguez, no obstante, matizó que la situación de los menores no presenta indicadores de desprotección. “Es una familia con la que tenemos que trabajar y estudiar más en profundidad su caso”, subrayó, destacando la coordinación de todas las partes para encontrar una salida. “Hay que valorar la predisposición de ambas concejalías para trabajar en este caso, y que al final se ha conseguido una solución para los cuatro menores y la familia en general”, concluyó.
Desde el área social aronero señalaron a este periódico que en la gestión del caso se “incumplieron protocolos establecidos para situaciones de vulnerabilidad con menores”.
Se cita en concreto la Ley de Bienestar Superior del Menor, que establece obligaciones que no admiten la derivación como respuesta ante la falta de recursos, y menos aún en casos en los que los menores pueden quedar desamparados, recogiendo expresamente la necesidad de encontrar soluciones habitables. “No hay ninguna situación que justifique dejar a cuatro niños a su suerte en un puerto a media tarde”, recordaron desde el área.
Por su parte, el Cabildo de El Hierro mantiene abierta la queja formal anunciada contra el Ayuntamiento de Valverde. Su consejero de Derechos Sociales, Amado Carballo, confirmó que el asunto se trasladará a los órganos competentes.
La familia, que catalogó el pasado jueves como “el día en el que se sintieron como perros tirados en la calle”, espera en Los Cristianos a que se confirme su nueva ubicación. Tras la acogida de los Servicios Sociales aroneros, que valoran como “cálida y humana”, se encuentran abiertos a un nuevo episodio en sus vidas, ahora en Tenerife.
El consistorio herreño: “Actuamos bajo nuestras competencias y recursos”
El Ayuntamiento de Valverde emitió ayer un comunicado en el que quiso “aclarar” la información sobre la derivación de la familia, a la que el consistorio se refirió como “una situación de necesidad social atendida por esta administración”. El consistorio herreño sostuvo haber actuado “en todo momento conforme a sus competencias, posibilidades y recursos disponibles” y niega categóricamente que se obligara a la familia a abandonar la Isla.
Según el texto difundido por el Departamento de Servicios Sociales, la decisión de embarcar “se planteó en todo momento como una medida de apoyo voluntaria dentro de las alternativas disponibles”. El ayuntamiento no detalló cuáles eran esas alternativas ni por qué se descartaron otras opciones en la propia Isla antes de sufragar los billetes de ferry.
El comunicado reivindicó además la labor de los profesionales del área, a quienes describe como personas que desempeñan su trabajo diario “con responsabilidad, sensibilidad y compromiso hacia las personas en situación de vulnerabilidad”. El consistorio lamenta “profundamente” la difusión de informaciones que, a su juicio, “no reflejan el trabajo realizado”, y apela al respeto a la intimidad de la familia como argumento para no entrar en detalles sobre la gestión del caso. Concluye el comunicado reafirmando su voluntad de continuar trabajando en coordinación con el resto de administraciones públicas competentes.