Un hombre y su hija de seis años, de la que tiene la custodia compartida, fueron desahuciados ayer del piso de protección oficial en el que residían desde hace unos meses en La Cuesta, en San Cristóbal de La Laguna, al hacerse efectiva la ejecución hipotecaria anunciada desde marzo de 2020 y que estaba dirigida a los padres de este vecino.
Ellos son los propietarios de dicha vivienda, aunque ya no residen allí, y la habían puesto como aval para un préstamo de un familiar, que no abonó, y de ahí derivan los problemas. Ahora, el piso estaba siendo reclamado por un “fondo buitre de Madrid”, según denunciaron desde Drago Verdes Canarias.
El Ayuntamiento de La Laguna informó ayer que Servicios Sociales ha estado siguiendo el caso para intentar buscar una solución. Ayer por la mañana le ofrecieron al vecino un recurso alojativo de emergencia, a través de Cruz Roja, para él y su hija que aceptó, y se seguirá tratando de encontrar una solución.
Carmen Peña, concejala de Drago en La Laguna, reclamó ayer que “Muvisa y Servicios Sociales le den una alternativa habitacional digna donde él pueda estar con su hija”. Explicó que este vecino, “desde que tuvo conocimiento de que se iba a ejecutar el desahucio, en marzo, empezó a moverse en servicios sociales y nadie le ha dado respuesta”. Añadió que también ha tratado de buscar otra vivienda, pero que con su sueldo de albañil, “no ha podido encontrar un piso que se pueda permitir”.
Desde el ayuntamiento apuntaron que este vecino, que se había empadronado en enero conociendo la situación de la vivienda, “se derivó en marzo al proyecto Base 25”, una iniciativa conjunta con Cáritas para personas que van a ser desahuciadas.
Peña criticó también que al hombre no se le habilitó ayer “un trastero de emergencia” donde dejar sus pertenencias, así como que el Ayuntamiento no mandó al juzgado “una solicitud de paralización del desahucio en base a un informe de vulnerabilidad”, sino solo “una comunicación” de su situación.
A este respecto, desde el ayuntamiento explicaron que este vecino “no figura en el procedimiento” de desahucio, al no ser propietario de la vivienda, “y ese es el motivo por el que el Juzgado no pide desde un primer momento un informe de vulnerabilidad al ayuntamiento”.
A pesar de ello, detallaron que Servicios Sociales “elaboró y remitió un informe al Juzgado el pasado día 18, aludiendo a que este vecino carece de alternativa de alojamiento, para que se valore si se tramita un expediente de vulnerabilidad o no”, ya que, “en estos casos, el ayuntamiento no puede actuar de oficio, sino que lo tiene que solicitar el propio Juzgado”.