Derecho al Techo y el movimiento Mi barco, mi casa han denunciado públicamente que el desahucio previsto para este martes, 13 de enero de 2026, de la embarcación Claudine, atracada en la Dársena I del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, no responde a un problema técnico puntual, sino que se enmarcaría, a su juicio, en un proceso de privatización y reordenación del espacio portuario.
En un comunicado difundido este lunes, los colectivos sostienen que la actuación contra la embarcación de Margarita, una mujer mayor que vive en su barco, constituye una “operación de expulsión” ejecutada “sin importar la vida de la persona afectada”.
Según exponen, la Autoridad Portuaria ha justificado la medida con argumentos relacionados con el estado del casco, el mástil, la seguridad o la flotabilidad de la embarcación. Sin embargo, afirman que no existe peritaje independiente ni informes técnicos contrastados, y que tampoco se han ofrecido vías reales de subsanación ni acompañamiento social a la afectada.
A su juicio, estos motivos se estarían utilizando como “coartada administrativa” para ejecutar un desalojo que consideran decidido de antemano.
Los colectivos denuncian además la falta de información y apoyo a Margarita, a la que describen como una mujer mayor, sola y sin red familiar ni asesoramiento, que, según indican, nunca fue informada ni acompañada adecuadamente, ni puesta en contacto con otras personas del muelle que atraviesan situaciones similares.
Desde Derecho al Techo y Mi barco, mi casa sostienen que el conflicto no se origina en el estado de una embarcación, sino en una decisión adoptada en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, donde, según el comunicado, se aprobó una normativa que prohíbe vivir en embarcaciones deportivas.
Subrayan que esta medida es exclusiva de este muelle y que coincide en el tiempo con el proceso de privatización y reordenación del muelle deportivo, un espacio que recuerdan que fue financiado con dinero público.
El desahucio está previsto para este martes
A partir de esa normativa, aseguran, se habría puesto en marcha una estrategia de desalojo progresivo de personas que utilizan su barco como vivienda “sin molestar a nadie”, sustituyendo, según su versión, derechos por procedimientos administrativos y expulsando a quienes no encajan en el nuevo modelo de negocio del puerto.
El desahucio de la embarcación Claudine está previsto para este martes en la Dársena I del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.
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