El Gobierno central y el Ejecutivo canario han llegado a un acuerdo sobre cómo aplicar el complemento que la Administración autonómica concede a los perceptores de pensiones no contributivas sin que acabe perjudicando a los beneficiarios en el supuesto de que se superen los límites fijados. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explica que ese pacto da una solución a las diferencias sin necesidad de que el Tribunal Constitucional las dirima.
A través de la ley de los presupuestos regionales de 2026, el Gobierno de Canarias se comprometió a abonar 400 euros en dos pagos (mayo y noviembre) a aquellos ciudadanos residentes en las Islas que estén percibiendo una pensión no contributiva. Sin embargo, se advirtió de que, en determinados casos, la suma de ese complemento con la pensión podría superar los límites de ingresos establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que obligaría al beneficiario a renunciar a la totalidad del complemento.
El consenso en la interpretación ofrece ahora “seguridad jurídica a los beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias”, indica el Ministerio de Política Territorial. “Sin este acuerdo, podía suscitarse la cuestión de que no quedara garantizado que la recibieran si superaba, con la suma de ambas, el tope anual máximo recogido en los Presupuestos Generales del Estado”, detalla.
Torres comenta que este entendimiento “es fruto del diálogo permanente y la voluntad del Gobierno de España de tender siempre la mano, y aporta una solución con garantías a miles de pensionistas”.
El Gobierno canario muestra su satisfacción. “Como ya informamos al término de la reunión, se acordó que no se suprimiría ni se modificaría la disposición cuadragésimo cuarta, ya que entiende el Gobierno de Canarias que no es inconstitucional”, arguye la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. “Por eso, nosotros hemos seguido adelante con el primer pago de 200 euros, que se abonará a finales de este mes a unas 40.000 familias [41.818 pensiones a fecha de abril de 2026]”.
Delgado recalca que será preciso modificar la Ley de la Seguridad Social: “El complemento de 400 euros anuales a las pensiones no contributivas se pensó como respuesta a una necesidad de complementar las rentas más bajas, a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, debido a la lentitud del Estado [la Administración General] en cumplir el mandato del Congreso de modificar la Ley de la Seguridad Social. Si realmente tienen voluntad de ayudar, lo que debería hacer el Gobierno es poner por escrito este acuerdo y modificar la ley”.
El presidente autonómico, Fernando Clavijo, celebró que se haya logrado despejar las dudas sobre la aplicación del complemento, una medida que, enfatizó, servirá para combatir la vulnerabilidad de quienes perciben ese tipo de pensión: “Lo veníamos reclamando desde hacía mucho tiempo como algo imprescindible. Si queremos revertir ciertos indicadores sociales, esto es un ejemplo claro de cómo mejorar. Puedes subir los salarios, mejorar la productividad, que se está mejorando por encima de la media de España, pero hay personas que cobran pensiones no contributivas y la una única forma de intervenir es incrementarlas”.
Las pensiones no contributivas tienen como finalidad atender las personas en estado de necesidad que no han cotizado nunca al sistema, o lo han hecho en tiempo insuficiente para causar derecho a las pensiones contributivas, y que carecen de rentas o ingresos mínimos para su subsistencia. Conforme a los datos oficiales del Imserso referidos a diciembre de 2025, en Canarias había aproximadamente 42.000 perceptores de pensiones no contributivas, de los que 25.610 corresponden a la modalidad de jubilación y 16.221 a la de incapacidad. Las cuantías medias oscilan entre los 569,32 euros mensuales (jubilación) y los 624,84 euros (incapacidad), muy por debajo del umbral de pobreza definido por el indicador Arope (tasa de la Unión Europea), de 725 euros mensuales. El complemento canario de 400 euros anuales lo concede de oficio la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, sin que se requiera presentar solicitud.