La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz busca a los herederos de la vivienda ubicada en el número 28 de la calle Febles Campos de la capital. La casa, con más de cien años de antigüedad, quedó abandonada tras la muerte de sus primeros propietarios, aunque los actuales parientes, que residen fuera de la isla, se han desentendido de esta edificación, lo que ha provocado no solo su deterioro por la falta de mantenimiento, sino también la okupación de la misma para ser utilizada como criadero ilegal de animales, tal y como avanzó ayer DIARIO DE AVISOS.
Agentes de la Policía Nacional y del Proteu de la Policía Local capitalina, en una actuación conjunta con efectivos del Cuerpo de Bomberos, procedieron el viernes a precintar la vivienda, no sin antes rescatar del interior a dos cachorros de perro, un pitbull y un pastor belga malinois, que se encontraban en pésimo estado de salud, sin agua ni comida.
Dicha intervención, que volvió a repetirse después de que el pasado septiembre también se lograra salvar a cinco perros y dos aves rapaces en esta misma casa, se produjo a instancias de Urbanismo y de la concejalía de Servicios Públicos, áreas que coordinaron el operativo tras las quejas de vecinos de la zona, que alertaban de constantes ruidos, mal olor y el peligro que implicaba para los edificios colindantes el estado actual de la infraestructura.
La concejala de Urbanismo, Zaida González, manifestó ayer que “el Ayuntamiento está localizando a los actuales propietarios para comunicarles que son ellos los que tienen que asumir las acciones oportunas de tapiado de la edificación, ya que no es competencia municipal porque la vivienda tiene dueños y, por tanto, es una propiedad privada. No podemos intervenir sin más, salvo por ejecución subsidiaria, lo que aparte de un complejo trámite burocrático solo permitiría poner un vallado exterior que tampoco solventaría el problema de unos okupas con tenencia ilícita de animales”.
Asimismo, González añadió que esta edificación radicada en la calle Febles Campos también está incluida en el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales, en grado ambiental, por lo que su derribo no se contempla al poseer un garante de salvaguarda exterior debido a su importante valor arquitectónico.
En este sentido, la concejala reiteró que “la única solución para evitar que entren personas a esta vivienda sería el sellado exterior en altura, lo que han de acometer los propietarios o cualquiera de los numerosos herederos, que son los que tienen potestad para iniciar el trámite y conservar el valor del inmueble”.
González apuntó que el actual precinto policial no es garante de que la edificación vuelva a ser objetivo de los okupas. “Hemos podido actuar ahora porque la vivienda está abandonada y se encuentra en mal estado, además de que ya existía un antecedente sobre ella, cuando el pasado año la Policía logró rescatar a varios animales de su interior, pero en la protección de cualquier inmueble privado, la administración no tiene posibilidad de ejecución”.
Mientras, los propietarios del edificio colindante tildaron la situación de “insostenible e inédita” y pidieron una solución urgente antes de que ocurra una desgracia derivada del riesgo de colapso de la vivienda.