La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) apoya la solicitud formulada por la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife sobre el “grave incumplimiento” que supone que sigan sin estar creadas y en funcionamiento las Oficinas de Asistencia a las Víctimas previstas legalmente. La consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, señaló que “está trabajando en ello”.
La decisión de la Sala, el 8 de mayo, se adopta tras conocer el acta de la reunión constitutiva de la Comisión Provincial, en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
En el encuentro, se pusieron de manifiesto “diversas “carencias en los recursos judiciales y asistenciales a la atención a las víctimas de violencia sobre la mujer”. La Comisión reclamó el despliegue y efectiva puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas en Santa Cruz de Tenerife, poniendo de manifiesto el incumplimiento de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y del Convenio de Estambul, “al no encontrarse en funcionamiento” en Canarias las oficinas de asistencia a las víctimas, pese a contar con un marco legal para su dotación con profesionales de psicología, derecho, trabajo social y apoyo administrativo.
Ante esta solicitud, la Sala de Gobierno del TSJC acordó hacer suyo lo interesado por la Comisión Provincial e incorporar nuevamente este asunto al orden del día de la próxima reunión de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias, donde la representación del órgano judicial reiterará, una vez más, la necesidad de que se proceda a la creación y entrada en funcionamiento de estas oficinas en Tenerife y en todas las Islas.
Mandato legal
La creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas no responde a una medida discrecional, sino al cumplimiento de un mandato legal. Estas oficinas están contempladas en el Estatuto de la Víctima del Delito como un servicio público de apoyo, orientación, asistencia y acompañamiento especializado a las víctimas, y su finalidad es garantizar una atención integral desde el primer contacto con la Administración de Justicia.
En el ámbito específico de la violencia de género, su relevancia es aún mayor, al estar llamadas a contar con equipos multidisciplinares capaces de realizar la evaluación individualizada de las necesidades de protección y asistencia de las víctimas, como expuso la Comisión Provincial.
El acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno deja constancia de que la insuficiencia actual de infraestructuras judiciales en la capital tinerfeña “no puede justificar la ausencia de implantación de estas oficinas”, al poder ubicarse en otras dependencias. Junto a esta cuestión, el órgano de gobierno de los jueces respaldó otras demandas trasladadas por la Comisión Provincial, entre ellas la necesidad de ampliar la dotación de personal en el Instituto de Medicina Legal, o reclamar una formación específica al personal interino que se incorpore a las secciones de violencia sobre la mujer.