El Gobierno de Canarias entonó ayer su ya recurrente reproche a Madrid tras volver a sentirse ignorado, en esta ocasión en relación con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Según explicó la consejera de Bienestar, Candelaria Delgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Ejecutivo autonómico exige de forma oficial al Estado “información urgente” sobre los recursos y plazos previstos para la implementación de este paquete legislativo de la Unión Europea, diseñado para unificar las normas migratorias y que entrará en vigor el 12 de junio.
“Canarias no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las Islas. A día de hoy, seguimos desconociendo las condiciones específicas de su despliegue en el territorio nacional y su proyección sobre las comunidades autónomas, especialmente aquellas con mayor tránsito migratorio”, alertó Delgado. Entre las incertidumbres, señaló que desconocen cuánto tiempo permanecerán las personas “retenidas” en Canarias. Y es que, con este pacto, los solicitantes podrán permanecer confinados en las fronteras europeas mientras se procesa su expediente de asilo por la vía rápida. Procedimientos acelerados que, cabe destacar, han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos.
Frente a ello, el Ejecutivo canario solicita no solo información, sino también participación en cuestiones como “la asistencia letrada, los servicios de traducción e interpretación, la mediación cultural, los recursos humanos necesarios, la gestión de menores migrantes, los espacios de acogida y los procedimientos de determinación de edad”.
Presión migratoria
Además, la consejera afeó al Gobierno central que la Conferencia Sectorial de Migraciones no se convoca desde hace un año y medio. “El pasado 23 de abril remití una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solicitando su convocatoria urgente. El 18 de mayo se celebró una comisión sectorial para abordar el orden del día de dicha conferencia, pero fue un rotundo fracaso y no se alcanzó ningún acuerdo”.
Delgado recordó que todo esto ocurre en una región ultraperiférica y frontera sur de la Unión Europea, que “ha soportado una elevada presión migratoria, con más de 165.000 personas llegadas entre 2020 y 2025”, a la que se suma la llegada de menores migrantes no acompañados, que actualmente ascienden a 2.989 bajo tutela del Gobierno regional.