Los presupuestos generales de un estado son el reflejo de la política económica de sus gobernantes de turno, elegidos libremente en las urnas en la mayoría de las democracias occidentales. Sin embargo, los planes quinquenales representan los proyectos a corto y medio plazo en las denominadas democracias populares o regímenes socialistas, verbigracia Corea del Norte, Cuba y China (en este último caso, un país, dos sistemas, donde conviven el comunismo en lo político y el capitalismo en lo económico). Afortunadamente, por ahora no es el caso de España, pero que corre un serio riesgo de padecer recortes de libertades públicas y concentración del poder en el Gobierno en detrimento del Parlamento y el sistema judicial. El gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez (PSOE y populistas de izquierdas) ha demostrado fehacientemente que se puede gestionar la economía de un país con presupuestos prorrogados, incluso a costa del mandato constitucional de presentarlos, al menos cada año, que no aprobarlos, en el Parlamento, y también a costa de un mayor endeudamiento. Los presupuestos generales del Estado representan en su máxima instancia la filosofía o el ideal programático del gobierno. Cada legislatura, salvo casos excepcionales, consta de cuatro años, y por regla general, los presupuestos se elaboran con vistas ejercicios siguientes de un año, con posibilidad de prorrogarlos, por causa de fuerza mayor u otra contingencia, idealmente, 12 meses. Éste no es caso que nos ocupa dado que el actual presupuesto viene prorrogado desde 2023 (Ley 31/2022, de 23 de diciembre, publicada en el BOE el 24/12/2022). Sin embargo, el precedente más reciente de prórrogas presupuestarias lo encontramos en el Gobierno de Mariano Rajoy, que se vio obligado a mantenerlos en 2016, debido a la repetición electoral y en 2017 al no conseguir el respaldo parlamentario para aprobarlos, en este caso sin consecuencias políticas. Ya el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, le reprochaba que fuera incapaz de aprobar las cuentas y sugería que disolviera el Parlamento y convocara elecciones. Mariano Rajoy permaneció en el poder hasta que una moción de censura lo desalojó de la Moncloa en mayo de 2018. Pedro Sánchez gobernó hasta 2023 con los presupuestos heredados de la anterior administración conservadora. En circunstancias normales cuando un gobierno no cuenta con el respaldo parlamentario exigible para aprobar sus cuentas cesa, y su presidente convoca elecciones. Sin ir más lejos hemos presenciado como determinados ejecutivos regionales se han disuelto y acudido a elecciones anticipadas por no contar con los apoyos para aprobar sus presupuestos, en un ejercicio de higiene democrática. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se trabaja en la elaboración de unos presupuestos generales para 2027, justo cuando presumiblemente acaba la legislatura, salvo que surjan obstáculos insalvables para concluirla. Primero tendrá que lograr la aprobación del techo de gasto. Sin el apoyo de sus socios de coalición resultará imposible que su proyecto llegue a buen puerto. El entorno de crispación doméstica y entorno geopolítico parece no afectar a las expectativas de crecimiento económico de España, según observaciones de organismos financieros internacionales. El tiempo nos dirá si el país atraviesa por un mero espejismo, que sólo el grado de deuda y déficit público podrían despejar para sorpresa de muchos.dia
*Periodista en la reserva y escritor
