La plataforma Canarias Tiene un Límite ha anunciado que presentará “batalla legal y movilizaciones ciudadanas” contra los planes de Aena, el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares para ampliar las infraestructuras aeroportuarias del Archipiélago. El colectivo considera que las obras programadas suponen un incremento encubierto de la capacidad operativa en un territorio golpeado por la crisis climática y el colapso de los recursos públicos.
Una inversión de 1.800 millones de euros en el punto de mira
El documento de Aena contempla una inversión de 1.800 millones de euros entre los años 2027 y 2031 destinada a modernizar y expandir las terminales de las Islas. Aunque el gestor aeroportuario sostiene que las actuaciones —centradas en nuevos sistemas de facturación, filtros de seguridad más ágiles, ampliación de salas de embarque y renovación del tratamiento de equipajes— no aumentarán el tráfico al no intervenirse las pistas de aterrizaje, la plataforma rechaza este argumento.
Canarias Tiene un Límite califica la justificación oficial de “falsa y simplista”. Según denuncia la organización, eliminar los cuellos de botella en los procesos en tierra es la estrategia habitual para elevar la capacidad operativa real de un aeropuerto sin necesidad de construir nuevas pistas. El colectivo sostiene que esta narrativa busca sortear o facilitar la tramitación de los estudios de impacto ambiental.
Qué supone la medida para el modelo insular
Desde el colectivo advierten de que facilitar el paso de más pasajeros por las terminales agravará directamente los problemas estructurales que padece la sociedad canaria:
- Emergencia habitacional: Aumento del impacto del turismo sobre la accesibilidad a la vivienda.
- Recursos básicos al límite: Mayor presión sobre las reservas hídricas y el consumo energético.
- Colapso de servicios públicos: Masificación en la red de carreteras, la sanidad y las infraestructuras insulares.
- Efecto dominó: Mayor demanda de plazas hoteleras y vehículos de alquiler en un territorio sobreexplotado.
La plataforma contrapone esta inversión millonaria con la realidad social del Archipiélago, donde se han llegado a suspender clases en los colegios debido a las olas de calor derivadas de la crisis climática. Por ello, exigen fijar un límite real al crecimiento del modelo turístico que comience por frenar el dimensionamiento de las principales puertas de entrada a las Islas.