Históricamente, a lo largo de la experiencia de la democracia en España, el balance de las sucesivas Legislaturas -y la impresión que de ellas queda en la retina colectiva- no se ha dirimido en el cumplimiento del Programa comprometido por el Presidente del Gobierno ante la mayoría parlamentaria para su investidura sino en la gestión de imprevistos que no eran siquiera imaginables en el momento del arranque del mandato de Gobierno.
La crisis de Ceuta ha adquirido una dimensión que trasciende ese listón dirimente de una Legislatura para alcanzar la de un test de stress para el conjunto de la UE.
Es lícito inquirirse, incluso críticamente, acerca de su gestión por el Gobierno de España, máxime tras la sucesión y acumulación de hechos consumados que sacuden la conciencia de la opinión pública -española, europea, global- tanto desde el punto de vista de su impacto humanitario como de su repercusión sobre la seguridad nacional. Nadie puede negar que el Gobierno está movilizando recursos crecientes para descongestionar, primero, la saturación generada y fomentar, después, no solo el restablecimiento de la normalidad en Ceuta sino el relanzamiento de sus expectativas.
Sin embargo, para formarse un juicio ponderado de la complejidad y las dificultades de la situación planteada, es preciso hacerse cargo de cuatro contradicciones insoslayables para resolver las ecuaciones a las que nos enfrentamos. Todas y cada una de esas contradicciones han sido identificadas desde el Gobierno con acierto y con coraje, y solo cabe esperar, por el bien de Ceuta, de España y de la UE, que en el menor tiempo posible puedan ser despejadas las variables de las que depende su resolución, una a una.
CONTRADICCIONES INSOSLAYABLES
La primera es la que atiene a la importancia de las leyes, del Derecho nacional (LO 4/2000, de Extranjería, y las normas que protegen a menores no acompañados y organizan su distribución solidaria entre CCAA cuando exceden la capacidad de acogida de la zona fronteriza), del Derecho de la UE (Pacto UE de Migraciones y Asilo, compuesto por Reglamentos obligatorios para los Estados Miembros/EEMM, y Código de Gobierno de Schengen) y Derecho Humanitario (rescates en la Mar, derecho de asilo y no devolución).
Toda posibilidad de superación del examen planteado por la crisis de Ceuta exige su comprensión, sí, como una amenaza híbrida a la seguridad nacional -con implicación evidente de actores estatales y no estatales en la propagación de mentiras y falsedades en las redes-; pero requiere también su gestión desde el respeto a la legalidad y al Derecho en todas y cada una de las respuestas barajables.
La segunda contradicción es la que respecta a la relación con Marruecos. Es imposible ignorar aquí que Ceuta y Melilla resultan ser no sólo la única frontera terrestre del conjunto de la UE en el continente africano (por ser la de España con Marruecos), sino la más desigual del mundo (por la comparación de las rentas per cápita europea y africana).
El sentido común ha dictado su veredicto: la avalancha de los días 30 y 31 de julio no podría haberse producido sin la implicación activa o pasiva de las autoridades marroquíes y sus fuerzas de seguridad (gendarmería marroquí); pero ese mismo sentido común impone la evidencia inexorable de la vecindad marroquí -que es una imposición geográfica permanente e inevitable-, y, consiguientemente, de la necesidad ineludible de cooperar -guste o no- con Marruecos para gestionar tanto esta situación como cualesquiera que se hayan planteado en el pasado y puedan surgir en el futuro. Sin esa cooperación efectiva -basada en el respeto mutuo y en el cultivo de los cauces de comunicación- no solo no hay expectativa de gestionar eficazmente ninguna realidad, sino que no habrá un futuro razonablemente esperanzador para dos ciudades españolas y europeas rodeadas de frontera terrestre africana con Marruecos y de fronteras marítimas con perímetros en disputa.
La tercera contradicción afecta a Europa, a la UE. Hace mucho que sostengo que nada hace tanto daño a la causa europea como la distancia -aún más, la contradicción- entre la promesa europea -su retórica, su discurso proclamado- y sus realizaciones.
El Pacto UE de Migraciones y Asilo tomó casi diez años de negociaciones denodadas y extenuantes sobre el desafío más divisivo y espinoso de la agenda de la UE, pero si algo justificó su aprobación fue la consecución, cumpliendo el mandato del Tratado de Lisboa (art.80 TFUE), de un equilibrio aceptable entre responsabilidad compartida y solidaridad vinculante. Pues parece evidente que la solidaridad con España en esta ocasión tan tensa ha brillado por su ausencia.
La sobreactuación de Meloni -espoleada por sus propias cuitas electorales frente a la ultraderecha más ultra del exgeneral Vannacci y su Futuro Nazionale- ilustra el zafarrancho de pánico en el camino equivocado. España ha sido tan solidaria con Italia en Lampedusa como lo ha sido con Finlandia, los Bálticos y Polonia en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia; ciertamente merece la reciprocidad de esa misma solidaridad obligatoria cuando enfrenta una amenaza híbrida contra su integridad territorial en una frontera exterior tan desafiante como Ceuta (o Melilla, o Canarias) no solamente para España sino para el conjunto de la UE.
Y, con todo, no parece verosímil ninguna perspectiva seria de incrementar la necesaria exigencia de responsabilidad a Marruecos que no pase por una presión conjunta de la UE y sus Instituciones, en solidaridad con España, poniendo en el fiel de la balanza la Asociación Estratégica de la que se beneficia el país magrebí con inversiones y acuerdos comerciales que pueden ser cuestionados a la vista de episodios de tanto calado en la gestión fronteriza como el que hemos visto estos días cruciales de finales de julio de este año 2026.
AMENAZA HÍBRIDA
La cuarta contradicción impacta en la política española: ante una amenaza híbrida contra nuestras fronteras, lo razonable y deseable es una respuesta unitaria de todas las instituciones, todas las administraciones y todas las fuerzas políticas españolas, en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, pero también de la calidad de nuestro compromiso con la Ley y con los derechos humanos.
El paisaje tras la avalancha en Ceuta no puede ser más desolador. El Gobierno de España -cualquiera que sea su color o nuestra preferencia- merece respaldo a la hora de confrontar a quien quiera violentar nuestras fronteras o nuestro ordenamiento jurídico. Con toda la fuerza de la Ley y solo con esa fuerza. Esa altura de miras y esa conglomeración de energías nacionales es uno de los componentes moralmente imprescindibles para emitir hacia fuera y con claridad el mensaje de que no toleraremos ninguna agresión -híbrida o no- contra la integridad territorial y constitucional de España.
*Eurodiputado socialista, portavoz constitucional S&D en el PE
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