El Congreso convalidó ayer el real decreto ley que amplía las ayudas a la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas que cerraron 2025 con superávit dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles sin incumplir la regla de gasto. El decreto se convalidó con 300 votos a favor al incorporar el apoyo del PP, 38 en contra (Vox y Junts) y 10 abstenciones (ERC, la diputada de Compromís Águeda Micó, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith). El texto se tramitará ahora como proyecto de ley.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expuso que este decreto ley muestra el “compromiso con el bienestar y con el Estado de las autonomías”, porque “así se construye una mejor España”.
El PNV trasladó su respaldo al decreto ley porque ofrece ayudas a La Palma y porque atiende una reivindicación del grupo, que las comunidades autónomas puedan utilizar su superávit para invertir. Coalición Canaria lo avaló porque, en palabras de Cristiba Valido, permite a “las comunidades autónomas que han hecho una buena gestión” dedicar su superávit a cuestiones “absolutamente urgentes para la población”, y Podemos, porque apoya “todo lo que sea para el bien de la población de La Palma”.
En cambio, Junts se opuso porque Cataluña no podrá beneficiarse de las medidas de flexibilidad al no cumplir los requisitos, ya que cerró 2025 con déficit y su deuda supera el 12,4% del PIB, y Vox cargó contra la “mezquindad” de mezclar las ayudas de La Palma con otras que, a su juicio, solo pretenden mantener el Gobierno. El PP criticó que las ayudas para La Palma llegan tarde y que la flexibilidad para el uso del superávit autonómico no se basa en criterios técnicos, sino en qué regiones se quieren beneficiar.
Este decreto permite a las regiones que cerraron el pasado año con superávit dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles, incluidas políticas de vivienda, a lo largo de 2026 y 2027 sin incumplir la regla de gasto. Aquellas que cerraron 2025 con una deuda inferior al 12,4% del PIB podrán destinar el superávit de ejercicios anteriores a inversiones que no computarán a efectos de regla de gasto en lugar de a reducir la deuda. Asturias, Canarias (600 millones de euros), Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia podrán movilizar casi 4.000 millones en inversiones.
El decreto ley recoge medidas para La Palma, afectada en 2021 por la erupción volcánica; entre ellas, la ampliación a 2026 de la deducción del 60% en el IRPF para los residentes y políticas para los autónomos. Incluye una habilitación para destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas a personas físicas y entidades.