tribuna

La corrupción en la administración pública: un mal que persiste desde ‘Miau’ hasta nuestros días

La novela Miau, del canario don Benito Pérez Galdós (publicada en 1888), retrata la vida en el Madrid burocrático de finales del siglo XIX, marcada por la corrupción y la ineficacia de la administración pública. La historia de un funcionario despedido, sin alternativas de empleo ni pensión, que lucha por sobrevivir en un mundo de intrigas y corrupción es un claro reflejo de la decadencia de la sociedad española de la época. Miau critica la burocracia y denuncia la ineficacia y la corrupción en la administración pública. La novela muestra cómo los funcionarios de la época se debatían entre el instinto de supervivencia y el mantenimiento de una conducta honrada, que a menudo no era recompensada. Esta situación generaba un ambiente de desconfianza y de desencanto hacia las instituciones públicas, que se veían como un espacio donde la corrupción y el clientelismo eran la norma. Actualmente, los funcionarios tienen garantizado su puesto de trabajo para poder ejercer su función sin tener que someterse a los vaivenes del color político gobernante. Sin embargo, esta garantía no debe ser un salvoconducto para actuar impunemente o para aprovecharse de su posición en beneficio propio. Lamentablemente, la corrupción sigue siendo un problema en nuestra sociedad. Los delitos que con mayor frecuencia cometen los funcionarios y los políticos son variados y socavan la confianza ciudadana y el buen funcionamiento de las instituciones. Entre otros, los delitos más importantes vinculados a la cosa pública son el cohecho, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias o la prevaricación, junto a otras prácticas igualmente perniciosas, como el nepotismo o el amiguismo. Todas estas conductas comparten un elemento común: el abuso de poder y la traición a la confianza pública depositada en los servidores públicos. El nepotismo y el amiguismo añaden, además, la quiebra de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso y la promoción en la función pública. La lucha contra la corrupción y otros delitos cometidos por funcionarios y políticos requiere de mecanismos de control efectivo, como instituciones independientes de supervisión política, una justicia imparcial y una ciudadanía informada y vigilante. Muchos ciudadanos perciben que estos mecanismos de control no funcionan con la independencia deseable y que la asfixiante influencia de los partidos se extiende a numerosos ámbitos institucionales. España está tan desprotegida en sus instituciones como sobrepolitizada. La lectura de Miau conserva, más de un siglo después, una sorprendente actualidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública, pero también sobre los peligros del clientelismo, el favoritismo y la excesiva influencia política sobre las instituciones. Han transcurrido casi ciento cuarenta años desde su publicación y, sin embargo, algunas de las debilidades que retrató Galdós siguen resultándonos demasiado familiares. Tal vez sea esa la mejor prueba de que la corrupción no pertenece a una época, sino que constituye una amenaza permanente para cualquier sociedad que deje de vigilar sus instituciones.

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