El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura ha denunciado el próximo desalojo de Yurena, una vecina de la Isla que afronta un lanzamiento de la vivienda que ocupa este jueves, 1 de octubre, y ha convocado una movilización a las 08.30 horas para intentar frenarlo.
La organización sostiene que la afectada se encuentra en una situación de “indefensión jurídica” debido a un supuesto defecto de notificación durante el procedimiento. Según su versión, Yurena habría tratado de evitar el lanzamiento antes de llegar a esta situación.
El caso se conoce precisamente en una jornada marcada por las nuevas medidas sobre vivienda acordadas por el Gobierno de España. Según la información comunicada este martes, el Consejo de Ministros ha pactado dos reales decretos que incluyen, entre otras medidas, ampliar determinadas protecciones frente a los desahucios hasta 2030.
El Ejecutivo también ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario del Congreso este viernes para abordar la convalidación de las medidas.
El Sindicato de Inquilinas llama a intentar frenar el desahucio
En su denuncia, el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura asegura que los desahucios “también están a la orden del día” en la Isla y pone como ejemplo la situación que afronta Yurena.
La organización sostiene que la afectada ha trabajado para intentar disponer de una vivienda digna y asegura que ahora se enfrenta al desalojo después de haberlo “intentado todo”.
Nuevas medidas frente a los desahucios
La denuncia coincide con un nuevo movimiento del Gobierno central en materia de vivienda. De acuerdo con la información facilitada este martes, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para aprobar dos reales decretos que contemplan extender hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios.
La cuestión resulta especialmente relevante porque ya existe un mecanismo estatal de protección. En febrero, el Consejo de Ministros prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos para determinados hogares en situación de vulnerabilidad económica y social que carezcan de alternativa habitacional.
La medida establece requisitos y excepciones, entre ellas las relacionadas con propietarios de una o dos viviendas.
Con todo, habrá que ver si Yurena reúne los requisitos necesarios para acogerse a estas protecciones.