El Juzgado de Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de La Orotava ha citado a declarar como investigado al alcalde de San Juan de la Rambla, Juan Ramos Reyes, el próximo 4 de diciembre de 2026, por un presunto delito de prevaricación administrativa con posible atentado al medio natural. Diligencias Previas número 0000073/2026.
Juan Ramos deberá declarar en condición de investigado por un presunto delito de malversación administrativa tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tal y como adelantó Diario de Avisos en febrero de este año.
Según consta en el documento de investigaciones procesales al que tuvo acceso este periódico, el 22 de julio de 2024 el mandatario habría entregado las llaves que permiten acceder a las instalaciones del Mirador del Mazapé a la Asociación de Airsoft El Atlántico sin tramitar expediente.
La jueza que lleva el caso también ha citado al representante de dicha asociación el 3 de noviembre y ha librado oficio al Ayuntamiento para que en el “plazo improrrogable” de diez días remita por parte del organismo técnico correspondiente el informe sobre el régimen jurídico del mirador de Mazapé, sobre la situación de las instalaciones municipales y en particular, con análisis de los actos vandálicos que ha venido sufriendo, y sobre la actividad que la asociación ha desarrollado allí y durante cuánto tiempo lo ha hecho.
Asimismo, solicita que se remita por parte de la secretaria municipal una copia certificada del expediente que se tramitó con arreglo al cual se concedió el uso de las instalaciones a la Asociación Airsoft El Atlántico, o bien, una certificación acredidativa de la inexistencia de dicho expediente y en ese caso, una copia certificada de cuantos documentos existan relativos a dicho uso.
También que le requiere a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias que en el mismo plazo de tiempo remita al juzgado un informe técnico completo acerca de la situación del Mirador de Mazapé como espacio sujeto a algún régimen de protección y en ese caso, a cuál en concreto, qué zona es la afectada, cuáles son las consecuencias derivadas del régimen jurídico al que está sujeto y cuál es el estado de dicho bien.
En particular, se interesa que el informe técnico analice qué impacto puede tener el ejercicio de la actividad de Airsoft en dicho lugar.
Las partes personadas tienen un plazo de tres días para interponer un recurso de reforma o de cinco en caso de apelación.
Reacción del PSOE
El PSOE, que se personó en la causa, exige al Gobierno local de CC-SSP-PP que “dejen de encubrir al alcalde imputado” y convoquen un Pleno extraordinario para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular contra la presunta corrupción.
“Si CC-AUP SSP-PP bloquean el Pleno, estarán confirmando que gobiernan para proteger al imputado, no al pueblo”, sostienen los socialistas, y recuerdan que “aquí hay responsables con nombres y apellidos, y no vamos a permitir que se vayan de rositas”.
“Esto ya no es sospecha, es un escándalo. Tenemos un Alcalde sentado en el banquillo de los investigados por torcer presuntamente la ley y cargarse el medio natural de todos los rambleros”, afirma la portavoz socialista, Gloria Méndez, quien añade que “mientras tanto, CC-AUP SSP-PP callan, tapan y miran para otro lado. Son cómplices por omisión. Su silencio los delata”.
Por último, los socialistas acusan al Gobierno local no solo de una gravísima dejación de funciones, sino de una estrategia deliberada de impunidad. “Permiten que la Alcaldía esté bajo sospecha penal y no mueven un dedo. Esta inacción tiene consecuencias políticas, medioambientales y legales que ya están pagando los vecinos con su dinero y con el nombre de su pueblo manchado”, exponen.