El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz denuncia la ocultación por parte del Gobierno tripartito (PP-ACP-CC) del “severo varapalo jurídico” sufrido en la contratación de las obras del emblemático Cine Chimisay.
Tras anunciar públicamente el 5 de octubre la adjudicación del proyecto, el Consistorio “ocultó a la opinión pública la resolución de 13 de octubre número 304/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, que declara la nulidad radical de los pliegos y de la adjudicación”. El portavoz del PSOE, Marco González, recrimina que la “improvisación, y la falta de planificación y de rigor” hayan provocado la pérdida de cuatro meses de trabajo administrativo.
El fallo del órgano autonómico, dictado hace ya una semana, estima parcialmente el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro y anula de pleno derecho los pliegos que regían el contrato mixto para la redacción del proyecto y ejecución de las obras, presupuestadas en 5.347.089 euros, así como el Decreto de 2 de octubre de 2026 mediante el cual se había adjudicado el contrato.
Desde el PSOE critican con especial dureza que el alcalde, Leopoldo Afonso, y su gobierno hayan intentado esconder esta paralización a la opinión pública, llegando incluso a obviar la resolución del tribunal en entrevistas mediáticas posteriores a la notificación de la anulación. “Que el tribunal anule una licitación de más de 5,3 millones de euros por fallos legales básicos es una pésima noticia, pero que el Ejecutivo municipal se lo oculte a los vecinos es un hecho infinitamente más grave”, sostiene.
La explicación
El PP (no todos los grupos que conforman el Gobierno) le reprocha al PSOE local su actitud ante la resolución del citado Tribunal sobre la licitación del Cine Chimisay, y lamenta que pretenda convertir una incidencia administrativa subsanable en una polémica política, trasladando “una imagen distorsionada” del verdadero alcance de la resolución.
Los populares recuerdan que el Tribunal avaló el modelo de contratación conjunta del proyecto y la obra, rechazando la pretensión de que ambas prestaciones debieran contratarse por separado. La estimación parcial del recurso se limitó a exigir una mayor justificación del presupuesto base de licitación, una cuestión que el Ayuntamiento “ha corregido con diligencia”, sostienen.
De hecho, afirman que en apenas tres días hábiles se subsanó el expediente y el 20 de octubre quedó publicada nuevamente la licitación, manteniendo el mismo modelo contractual. Esta circunstancia, según el PP, “apenas altera la hoja de ruta prevista y, conforme a las previsiones municipales, todo apunta a que los trabajos con el contratista que resulte adjudicatario podrán comenzar antes de finalizar este año”.