Jennifer, una mujer con dos hijos de 4 y 16 años, ha sido desahuciada este martes, 13 de octubre, de su vivienda en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. El lanzamiento judicial se ha ejecutado pese a que el Ayuntamiento presentó un informe de vulnerabilidad durante la mañana y a la movilización de alrededor de un centenar de personas que intentaron impedirlo.
La intervención policial despejó el acceso al inmueble, situado en la calle Hoya del Rosario, después de dos horas de protesta. Agentes de Policía Local retiraron a los manifestantes que permanecían frente a la vivienda, en una actuación durante la que se registraron momentos de tensión.
La familia ha perdido su vivienda sin disponer de una alternativa habitacional, según denuncia la plataforma, que acusa a las administraciones de no haber actuado con suficiente antelación para evitar el desahucio.
El informe de vulnerabilidad no logró frenar el desahucio
El lanzamiento estaba previsto para las 11.30 horas de este martes, después de que un primer intento de desahucio fuera suspendido durante el verano al comprobarse que en la vivienda residían dos menores de edad.
En esta ocasión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elaboró durante la mañana un informe sobre la situación de vulnerabilidad de Jennifer y sus hijos, que fue remitido al juzgado antes de que se ejecutara la orden.
Sin embargo, según la información trasladada por los colectivos presentes, la comitiva judicial explicó que el contenido del documento no era suficiente para suspender el lanzamiento.
Derecho al Techo sostiene que el informe había sido solicitado en dos ocasiones anteriores sin que se hubiera completado el procedimiento a tiempo.
Sofía Olivares, portavoz del colectivo, cuestionó las explicaciones ofrecidas por el Consistorio sobre el retraso. “El Ayuntamiento asegura que no se ha hecho antes porque no la han podido localizar, a pesar de que nosotros lo conseguimos sin problema desde el primer intento”, afirmó.
La plataforma considera que la tramitación tardía del documento dejó a la familia sin una protección efectiva frente al procedimiento judicial. “Estas personas se han visto completamente desprotegidas por el sistema”, denunció Olivares.
Tensión durante la intervención policial
La movilización comenzó alrededor de las 9.30 horas, cuando decenas de personas convocadas por Derecho al Techo se concentraron frente a la vivienda para intentar evitar el lanzamiento. Los participantes formaron una barrera humana, agarrados de los brazos, para impedir el acceso de la comitiva judicial.
Durante la protesta se escucharon consignas como “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”, “Vergüenza me daría desahuciar a una familia” y “Hay menores, de aquí no nos movemos”.
La Policía Local intervino para desalojar a los manifestantes que bloqueaban la entrada. Los participantes denunciaron empujones, golpes y personas arrastradas por el suelo durante la actuación. Algunos asistentes también han asegurado haber sufrido golpes en el cuello y caídas contra el borde de la acera.
Tras despejarse el acceso, también acudieron efectivos de la Policía Nacional para intervenir en la ejecución del desahucio.
Jennifer pagaba el alquiler, pero el dinero no llegaba
La situación de Jennifer presenta además un conflicto relacionado con el contrato de arrendamiento. Según su relato, comenzó a residir en el inmueble mediante un acuerdo con una persona conocida que figuraba como titular del contrato de alquiler.
Jennifer asegura que entregaba el dinero correspondiente a las mensualidades y los gastos de la vivienda, pero descubrió en julio que los pagos no habían llegado al propietario, al igual que los recibos de agua y electricidad.
Fue entonces cuando conoció el procedimiento de desahucio que afectaba a la vivienda donde reside con sus dos hijos.
La mujer sostiene que intentó alcanzar un acuerdo con el propietario para formalizar un contrato directamente a su nombre, incluso aceptando una subida del alquiler. Sin embargo, según su versión, el dueño finalmente rechazó esa posibilidad y le comunicó su intención de vender el inmueble.
Derecho al Techo asegura que también trató de negociar un alquiler asequible, pero las conversaciones no prosperaron.
Denuncian la actuación de las instituciones
Tras el desahucio, la plataforma ha criticado la respuesta de los servicios sociales y la falta de una solución habitacional para la familia.El colectivo considera que la situación de vulnerabilidad debería haberse examinado con suficiente antelación, especialmente por la presencia de dos menores.
La organización insiste en que los informes sociales deben tramitarse de manera prioritaria cuando una familia con menores afronta la pérdida de su vivienda, para que el juzgado disponga de la información necesaria antes de resolver.
También reclama que las administraciones garanticen alternativas habitacionales para evitar que las familias afectadas queden sin alojamiento.
La plataforma continuará prestando apoyo a Jennifer y sus hijos, mientras sigue sin conocerse qué solución residencial podrán obtener tras el lanzamiento.
El caso se suma a las movilizaciones impulsadas en Canarias para reclamar medidas frente a los desahucios de familias vulnerables y una mayor respuesta de las administraciones públicas.