El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, anunció ayer el recurso contra la orden dictada por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio al frente de Víctor Ángel Torres, en la que se exige al Ayuntamiento de Santa Cruz la retirada del monumento a La Victoria, popularmente conocido como monumento a Franco, de la avenida de Anaga. La fecha límite es febrero de 2027.
Bermúdez consideró que hay argumentos legales para poder mantener la obra de Juan de Ávalos, cuya propiedad es del Ayuntamiento, debido a “sus valores artísticos” y así defender que no sea retirada tras ser incluida en el catálogo estatal de vestigios franquistas.
Bermúdez defendió, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que la legislación de memoria democrática contempla la posibilidad de proteger elementos de estas características cuando concurran valores artísticos que deban ser ponderados por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico.
“¿Qué estoy pidiendo? Que se aplique la ley. No que no se aplique. Que se aplique la ley como la ley está escrita”, dijo Bermúdez, quien sostuvo que determinados artículos de la norma deben tenerse en cuenta al valorar el futuro del monumento. Insistió en que su posición no supone rechazar la aplicación de la legislación, sino defender que se tengan en cuenta todas sus disposiciones, incluidas las relativas a la protección patrimonial. Por ello, el
Ayuntamiento prepara un recurso, que aún no ha sido presentado, según detalló.
El alcalde anunció a mediados de septiembre pasado la firma de una orden para instar a los servicios jurídicos municipales a interponer un contencioso administrativo contra el Gobierno de España, con el objetivo de frenar la resolución estatal que obliga al Ayuntamiento a retirar la obra. Esta medida fue acordada tras recibir, el 2 de septiembre, el dictamen del Estado que desestimaba el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento contra la resolución estatal para la retirada de la obra, avalada además por la decisión del Gobierno de Canarias de no declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento.
Tras ello, el alcalde instó a las áreas de Cultura y de Patrimonio a llevar a cabo las actuaciones jurídicas necesarias para interponer un contencioso contra la resolución estatal. Además, se estudia la inclusión del monumento en el catálogo de bienes patrimoniales de la ciudad.