Municipios canarios de poca población como San Juan de la Rambla, Betancuria y Tinajo han actualizado documentos que todavía estaban en pesetas (fuera de circulación desde 2002) gracias al apoyo de la Oficina Virtual de Reto Demográfico, según ha explicado este martes en el pleno del Parlamento autonómico el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda.
El consejero ha citado estos ejemplos al dar cuenta, en una comparecencia solicitada por CC, del trabajo de esta oficina en la actualización de ordenanzas fiscales, una de las tareas con las que ayuda a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.
Miranda ha explicado que desde la puesta en marcha de la conocida como oficina reto en mayo de 2025, un encargo que gestiona la empresa pública Gesplan, el servicio ha recibido más de un millar de expedientes de los ayuntamientos menos poblados y en más del 80 % de los casos ya ha devuelto la documentación a los municipios para que continúen su tramitación.
Según ha subrayado el consejero, 45 de los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes de Canarias utilizan esta herramienta, cuya finalidad es suplir las carencias de personal y recursos que dificultan su gestión administrativa.
Licencias de construcción, impuestos y subvenciones
Entre las solicitudes recibidas figuran 384 relacionadas con licencias de construcción, más de un centenar con ordenanzas fiscales, más de 70 con contratación, otras tantas con la elaboración de pliegos y presupuestos y 64 con la presentación de subvenciones.
El consejero ha precisado que el apoyo a las licencias no equivale a su concesión, sino que consiste en ayudar a los técnicos municipales a tramitarlas, y ha vinculado esta labor con la posibilidad de ampliar la oferta de vivienda.
La plataforma cuenta con 236 empleados públicos de ayuntamientos y cabildos inscritos, que pueden acceder a formación y a más de 350 documentos modelo para facilitar los procedimientos.
Miranda ha defendido que la oficina refuerza la autonomía municipal y ha destacado la confianza entre los funcionarios y la empresa pública como una de las claves de su funcionamiento.