Un empresario del sur de Tenerife ha ampliado la querella presentada esta semana contra cuatro concejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arona por un presunto delito de prevaricación administrativa, dirigiendo ahora también la acción judicial contra la alcaldesa del municipio, Fátima Lemes.
La ampliación, presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona, atribuye a la regidora una presunta actuación deliberada para impedir que se resolviera un expediente urbanístico que, según sostiene la acusación, contaba con todos los informes técnicos y jurídicos favorables.
La principal novedad es que la querella atribuye a la alcaldesa una responsabilidad personal y diferenciada de la de los cuatro concejales inicialmente denunciados: haber convocado sucesivas reuniones de la Junta de Gobierno Local sin incluir en sus órdenes del día el expediente del empresario, pese a encontrarse en condiciones de ser resuelto desde el pasado 6 de julio.
La acusación considera que esta conducta podría constituir un delito de prevaricación administrativa por omisión, al entender que la alcaldesa habría impedido conscientemente que el órgano municipal competente deliberase y votase sobre la concesión de la licencia.
Cinco convocatorias bajo sospecha
Uno de los aspectos más relevantes de la ampliación es la identificación de cinco resoluciones de convocatoria de la Junta de Gobierno Local, correspondientes a reuniones de septiembre, en las que, según la documentación aportada, se excluyó sistemáticamente el expediente objeto del conflicto.
La acusación considera especialmente significativo que, mientras el proyecto del empresario permanecía paralizado, la alcaldesa sí incluyera otros expedientes de licencias de obra mayor en los órdenes del día.
En concreto, identifica reuniones celebradas los días 1, 8 y 29 de septiembre en las que se incorporaron asuntos urbanísticos de otros promotores, entre ellos Metrovacesa y Canary Island Karting Club. Para los querellantes, esta circunstancia demostraría que no existía una paralización general de los procedimientos urbanísticos municipales, sino una exclusión selectiva del proyecto que ha originado el conflicto judicial.
La acusación sostiene que corresponde personalmente a la alcaldesa convocar las sesiones de la Junta de Gobierno Local y fijar sus órdenes del día. Sobre esta base, considera que habría incurrido en una omisión deliberada al no someter el expediente a la consideración del órgano que preside.
Seis años esperando una licencia
El origen del enfrentamiento se remonta al 22 de septiembre de 2020, cuando la sociedad promotora solicitó al Ayuntamiento de Arona una licencia de obra mayor para demoler un edificio sin terminar y construir un nuevo centro sociocultural y recreativo en el Camino Montaña Chayofita, en Los Cristianos. Según recoge la documentación judicial, el plazo legal para resolver y notificar este procedimiento es de tres meses. Sin embargo, seis años después de la presentación de la solicitud, el expediente continuaba sin resolución expresa.
Tras diferentes actuaciones administrativas y la presentación de un proyecto modificado, los servicios municipales emitieron durante junio y julio de este año los correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables. El 6 de julio se formuló una propuesta favorable al otorgamiento de la licencia, sujeta a determinadas condiciones. Entre las cuestiones analizadas figuraba la vigencia de un proyecto de urbanización aprobado en 1999, así como la posibilidad de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización y edificación, previa constitución de un aval de 353.500,98 euros.
Pese a estos pronunciamientos, la Junta de Gobierno Local retiró el asunto del orden del día de su reunión del 7 de julio para estudiar determinadas dudas relacionadas con el proyecto. Posteriormente, el 21 de julio, cuatro concejales de Coalición Canaria solicitaron conjuntamente un nuevo informe jurídico sobre una cuestión que, según la parte querellante, ya había sido examinada favorablemente por los técnicos municipales. La Junta de Gobierno acordó entonces dejar nuevamente el expediente sobre la mesa.
De cuatro concejales a la propia alcaldesa
Estos acontecimientos motivaron la presentación, el pasado 30 de septiembre, de una querella criminal contra los concejales Clara María Pérez Pérez, Ruth Guacimara Martín López, Guacimara Tavío Fumero y Héctor Timoteo Reyes González. La acusación les atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión, al considerar que habrían contribuido a paralizar injustificadamente la resolución del procedimiento.
La nueva documentación examinada por los representantes legales del empresario ha llevado ahora a ampliar la acción penal contra Fátima Lemes.
Según el escrito, la alcaldesa conocía el estado del expediente, los informes favorables y las decisiones adoptadas durante las reuniones de julio. Pese a ello, habría continuado convocando sesiones durante septiembre sin incorporar el asunto a sus órdenes del día.
La parte querellante sostiene que esta sucesión de actuaciones descarta un simple retraso administrativo y apunta a una voluntad consciente de impedir la resolución del expediente. El empresario asegura, además, que la prolongada paralización de su proyecto le está ocasionando graves perjuicios económicos, cuya cuantificación se reserva para un momento procesal posterior.
Solicitan que la alcaldesa declare como investigada
La ampliación de la querella solicita expresamente que Fátima Lemes preste declaración ante el juzgado en calidad de investigada. También reclama que el Ayuntamiento aporte las resoluciones de convocatoria de la Junta de Gobierno Local celebradas desde el 7 de julio, sus correspondientes órdenes del día y las actas o grabaciones de las sesiones.
Entre las diligencias solicitadas destaca determinar si el expediente del empresario llegó a ser propuesto por los servicios municipales para su inclusión en alguna reunión y, en caso afirmativo, quién decidió excluirlo. La acusación solicita igualmente la declaración testifical de la vicesecretaria general del Ayuntamiento para esclarecer el procedimiento seguido en la confección de los órdenes del día.
La querella inicial se encontraba pendiente de reparto y admisión a trámite cuando se redactó la ampliación. Corresponderá ahora al juzgado determinar si admite la acción penal y acuerda practicar las diligencias solicitadas.