El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, 14 de octubre, la tramitación de una proposición de ley del PSOE que pretendía reconocer el uso residencial de viviendas situadas en complejos turísticos y frenar las sanciones a sus propietarios. Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) votaron en contra, mientras que Agrupación Socialista Gomera (ASG) se abstuvo.
La iniciativa, respaldada por PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) y Vox, contaba con un informe desfavorable del Gobierno autonómico. Su objetivo era compatibilizar el uso residencial y turístico en aquellos terrenos donde el planeamiento urbanístico municipal lo permitiera.
El rechazo impide que la propuesta socialista inicie su tramitación parlamentaria. El conflicto afecta a propietarios que residen en viviendas ubicadas en complejos o parcelas calificadas para uso turístico y cuya situación ha generado discrepancias sobre la aplicación de la normativa autonómica.
Qué proponía la ley para los residentes de zonas turísticas
La proposición de ley planteaba modificar la legislación turística de Canarias para reconocer determinados usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas. Este reconocimiento quedaba condicionado a que el planeamiento urbanístico municipal permitiera la compatibilidad entre ambos usos.
También proponía redefinir los conceptos de establecimiento turístico de alojamiento y unidad alojativa, con el propósito de adaptar la normativa a la realidad de los complejos extrahoteleros.
Otra de las medidas consistía en establecer un régimen transitorio para abordar los procedimientos sancionadores relacionados con el uso residencial de estos inmuebles.
La propuesta contemplaba paralizar procedimientos en marcha, incluidos determinados casos judicializados sin resolución firme, así como sanciones firmes pendientes de ejecución económica.
El PSOE había presentado la iniciativa en julio de 2026 para modificar la legislación turística y poner fin a las sanciones que afectan a propietarios residentes en zonas turísticas.
El conflicto no afecta únicamente a un municipio. Durante el debate parlamentario se mencionaron situaciones en Puerto de la Cruz, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Valle Gran Rey y Teguise.
El PSOE acusa al Gobierno de incumplir sus compromisos
El diputado socialista Gustavo Santana defendió la necesidad de admitir a trámite la propuesta y recordó que este paso no suponía su aprobación definitiva, sino abrir un debate parlamentario para introducir posibles modificaciones.
Santana reprochó al Ejecutivo que continúe sin ofrecer una solución después del rechazo de una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por más de 22.000 firmas. También cuestionó el compromiso adquirido por el presidente autonómico, Fernando Clavijo, con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística durante la campaña electoral de 2023.
El parlamentario criticó especialmente el decreto ley en el que trabaja la Consejería de Turismo. “El Gobierno prepara un decretazo latifundista, sin consenso, para dar el poder a los explotadores turísticos”, afirmó.
A juicio del diputado, la reforma anunciada podría reforzar la posición de los explotadores turísticos frente a determinados propietarios. Santana pidió explicaciones sobre la urgencia de modificar la normativa mientras está pendiente un pronunciamiento judicial relacionado con la explotación de viviendas cuyos propietarios residen en ellas.
CC y PP defienden una solución alternativa
Desde Coalición Canaria, Socorro Beato reconoció la preocupación existente entre los afectados, pero defendió el rechazo a la iniciativa socialista por sus posibles consecuencias. “No podemos dar seguridad jurídica a unos propietarios generando nuevas incertidumbres en otros”, señaló.
La diputada nacionalista recordó que en los complejos turísticos conviven situaciones diferentes, desde residentes habituales hasta propietarios de segundas viviendas y alojamientos destinados al alquiler vacacional.
Beato instó al Gobierno autonómico a presentar “cuanto antes” una nueva propuesta legislativa que permita alcanzar una solución más amplia. También aseguró que votar contra la tramitación del texto socialista no significa dar la espalda a los residentes.
Por su parte, el diputado popular David Morales criticó la iniciativa del PSOE por considerarla una propuesta de carácter electoralista y defendió las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Turismo.
Entre las medidas que destacó figuran las posibilidades de transformar determinados complejos turísticos para destinarlos a uso residencial y los cambios normativos anunciados para los propietarios.
Morales también acusó al PSOE de haber contribuido a la situación actual durante sus anteriores responsabilidades de gobierno.
La oposición cuestiona el rechazo de la propuesta
La diputada de Nueva Canarias Esther González criticó que se mantenga la incertidumbre sobre viviendas que sus propietarios adquirieron para residir en ellas. “Es difícil entender cómo puede un Gobierno cambiar las reglas de esta manera y desahuciar a miles de propietarios de sus casas”, afirmó.
González defendió que los derechos de los residentes no deben quedar supeditados a los intereses económicos de los operadores turísticos.
Desde Vox, Paula Jover acusó a CC y PP de incumplir sus compromisos con los afectados y calificó la decisión parlamentaria de “traición”. La diputada también reprochó al Ejecutivo que no haya resuelto el problema después de rechazar iniciativas anteriores.
Por su parte, Jesús Ramos (ASG) defendió la necesidad de buscar un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Aunque su formación se abstuvo, Ramos consideró que la propuesta socialista podía servir como punto de partida para negociar una solución. “Busquemos un diputado de cada uno de los grupos y sentémonos y redactemos una ley”, planteó durante su intervención.
Qué ocurre ahora con los propietarios afectados
El rechazo parlamentario supone que la proposición de ley socialista no continuará su tramitación. Por tanto, tampoco entrarán en vigor las medidas que recogía para reconocer determinados usos residenciales o paralizar sanciones.
Esto no significa que se haya aprobado una nueva prohibición de residir en complejos turísticos. La votación mantiene sin desarrollar la solución legislativa que proponía el PSOE.
La atención se traslada ahora al Gobierno de Canarias, que trabaja en una reforma normativa cuya formulación definitiva y calendario de aprobación no han quedado concretados.
Mientras tanto, los propietarios afectados continúan pendientes de una respuesta que aclare la compatibilidad entre el uso residencial y el turístico, así como el tratamiento de los expedientes sancionadores.
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