Un total de 86 personas sin hogar han logrado dejar su situación de calle en Santa Cruz de Tenerife en lo que va de año. De estas, han sido 51 las que han conseguido salir de los distintos recursos alojativos municipales disponibles contra el sinhogarismo, tales como el primer piso Housing Led del municipio, el Centro Municipal de Acogida, pisos supervisados o alternativas residenciales para personas con dificultades de acceso a la vivienda. A ellas, se suman otras 35 personas que han podido abandonar asentamientos al aire libre y pasar a dormir bajo techo en estos alojamientos gestionados por el Ayuntamiento capitalino.
Estos datos los ofreció ayer la concejala de Políticas Sociales, Charín González, en comisión de control y a raíz de una comparecencia solicitada por el PSOE sobre la situación del sinhogarismo, reconociendo que pese a estas estadísticas, la percepción ciudadana, en cambio, es la contraria en la ciudad. Por ello, reiteró que “en 2025 existieron menos casos de personas sin hogar que en 2024, pero en la calle puede existir otra impresión debido a la complejidad de determinados perfiles, como el de sintecho con problemas de salud mental, con los que existe mayor complejidad para su intervención social”.
Pese al avance en buscar soluciones a esta problemática latente y “no sencilla” en el municipio, la edil volvió a reclamar “una mayor intervención e implicación” del Cabildo, el Gobierno de Canarias y la Justicia, porque “aunque estos datos revelan que realmente el sistema y la intervención que estamos aportando a las personas sin hogar está dando respuesta, por otra parte hay que ser consciente de que no es suficiente”.
González señaló que “se trata de un trabajo que tenemos que hacer junto a otras administraciones públicas, entre ellas el Servicio Canario de la Salud, para ayudar a las personas que tenemos en calle, en especial las que presentan un elevado nivel de patologías de salud mental. Para ello también necesitamos la implicación de la Justicia, pues sin la orden de un juez que nos autorice a intervenir no podemos hacer nada ni sacarlos de calle, ya que cualquier actuación al respecto depende de la autorización de Fiscalía y no de los servicios sociales municipales”.
Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, hizo hincapié en el riesgo de que se sustituyan las políticas de inserción por la limitación de la capacidad de las personas, pues “para acabar con la pobreza no hay que hacerlo con los pobres”, subrayó, porque “si estas personas se encuentran en esa situación es porque el propio sistema las ha abandonado”.
Al respecto, la concejala incidió en que Santa Cruz es el municipio que más recursos destina al sinhogarimo y prueba es que “se ha sacado a personas de la calle o que el asentamiento del Pancho Camurria se ha reducido de 35 a dos chabolas”. Igualmente apuntó que “hay zonas con situaciones de aporofobia, donde los ciudadanos muestran conflictos de convivencia en torno a sintecho y que requieren atender tanto a los vecinos como a las personas en exclusión”.
Somosierra
Otro de los asuntos se centró en el dispositivo de seguridad en el barrio de Somosierra, donde a finales de julio se produjeron varios episodios de quema de contenedores. El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, solicitó la comparecencia de la concejala del área, Gladis de León, para que informara sobre la continuidad de las medidas adoptadas, y recordó que el dispositivo preventivo que se inició el 7 de agosto quedó suspendido días después. Una cuestión a la que se sumó el PSOE para pedir explicaciones que no fueron dadas.
Por el contrario, De León añadió que la vigilancia policial “está garantizada” y se sigue investigando para identificar a los autores. No obstante, apuntó a que la inminente entrada en activo de la Unidad de Intervención Policial (Unipol), prevista para finales de año, logrará “cambiar las cosas y los vecinos tendrán una mayor sensación de seguridad”.
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