Hace poco más de un mes, el pasado 10 de septiembre, la Comisión Europea que preside Von der Leyen (Comisión Europea VDL II) aprobó la nueva Estrategia para las Regiones Ultraperiféricas/RUPs de la Unión para los próximos cuatro años, con el proclamado propósito de respaldarlas en la singularidad de su lejanía y fragmentación territorial, con la base jurídica exclusiva que les presta el art. 349 TFUE.
Una apuesta clara de la Estrategia reside en la potenciación de su participación en la gobernanza de los Fondos UE que son determinantes para su futuro: entre otros, Cohesión, Fondos Estructurales, Política Regional y Política Agrícola Común/PAC.
Pero no menos importante es la especialización de la respuesta de la UE ante el hecho migratorio, que es particularmente incidente en aquellas regiones de frontera exterior más expuestas a la desigualdad: ese es, seguramente, el caso de Mayotte (RUP francesa en el Océano Índico, muy próxima al archipiélago de las Comoras), y, desde luego, de Canarias, RUP española expuesta a la desigualdad con el continente africano en su cornisa Atlántica. En esa situación especial cobra toda su importancia la participación de las RUPs en el Fondo de Migración y Asilo, así como en el Fondo de Solidaridad y Fondo de Seguridad Interior, lo que les permitiría atender, con cargo a dichos recursos, la atención, los servicios y las garantías que requiere el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes en fronteras exteriores.
Y particularmente relevante es el Fondo de Migración y Asilo para que la Abogacía canaria, que actúa de turno de oficio y de extranjería en la debida atención del derecho a la asistencia letrada para quienes carezcan de recursos para litigar y para designar una defensa de su elección, pueda prestar dignamente ese soporte a la asistencia jurídica gratuita con cargo a Fondos europeos.
Nunca suficientemente reconocido, el esfuerzo de la Abogacía en su atención a los derechos de las personas migrantes merece no solo el respaldo de las Administraciones autonómica (con competencias estatutarias en la materia) y nacional, sino el apoyo financiero que pueda ofrecer el acceso a Fondos UE que puedan resultar útiles.
Pero, con carácter previo, toca todavía librar en todas las tribunas parlamentarias y en todas las trincheras de brega una batalla denodada por los recursos disponibles en el contexto del debate en curso sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028/2034, del que dependerá no solo el “techo de gasto” presupuestario anual de los Estados miembros (EEMM), sino también la cantidad y consistencia de los “Recursos Propios” (Own Resources) de la UE.
Dos consideraciones resultan al respecto obligadas.
La primera es que una mayoría del Parlamento Europeo (PE) no está en absoluto conforme con la propuesta inicial de la Comisión Europea VDL II -por entenderla tacaña, manifiestamente insuficiente, y sesgada hacia “nuevas prioridades” (Defensa y Seguridad) sin compensarlas con partidas para las “políticas clásicas” (Cohesión y Regional) que dan sentido a la UE-, como tampoco está de acuerdo con el estadio actual de las negociaciones entre el PE y el Consejo (Gobiernos de los EEMM). No se pierda de vista: sin el “asenso” del PE, sencillamente NO habrá ningún MFP a la vista.
La segunda es que en las quejas expresadas contra la propuesta inicial y contra las negociaciones en curso media una cierta hipocresía, vista, por una parte, la correlación de fuerzas en el PE surgido de las elecciones europeas de junio de 2024 -escorada a la derecha como nunca-, junto a, por otra parte, su protesta contra la posición del Consejo de la UE-también escorado a la derecha como nunca-. Porque es sangrante que todavía a estas alturas el Consejo se niegue a aceptar, dominado por los autodenominados “frugales” (Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia…), ninguna “cesta de nuevos Recursos Propios”: gravámenes especiales sobre los servicios digitales, sobre los criptoactivos, sobre el negocio del juego en línea (Online Gambling)… que son los que permitirían financiar ese “más” que necesita Europa -y no se puede hacer “más” con menos Recursos ni Presupuesto-, y hacerlo sin llevarse por delante ni la Política Regional, ni la Política de Cohesión, ni la ayuda a las regiones más necesitadas o alejadas, entre las que sin duda alguna se encuentran por definición las RUPs.
Es por ello que el Consejo tiene el deber de tomar nota, moverse claramente en la dirección del PE, y aceptar en consecuencia un “paquete de Recursos Propios” que importe las cantidades necesarias para financiar las ambiciones proclamadas. Muy por encima de los montantes actualmente estimados (en torno al 1,1 % del PIB de la UE, lejos del anterior 1,27 % del MFP 2020/2027), con una aportación de unos 60.000 millones de euros de nuevos Recursos Propios.
En definitiva, es cierto que los/as eurodiputados/as nacidos y residentes en RUPs de la UE no solo apoyamos inequívocamente la nueva Estrategia de RUPs para los próximos cuatro años, sino que, de hecho, la hemos venido demandando desde el arranque de esta Legislatura 2024/2029.
Pero también es verdad que este mandato asiste a una tormenta perfecta: el regreso de la guerra a la vecindad europea amenaza con girar drásticamente el periscopio de las prioridades del próximo MFP 2028/2034 hacia Defensa y Seguridad, a costa de la Política Regional -de la que depende Interreg- y buena parte de la financiación especializada que demandan las RUPs para la diversificación de su sistema productivo y sus opciones de futuro. Hablamos así de la PAC, de la que depende el futuro del POSEI; del Fondo Social Europeo (FSE), del que dependen las ayudas al empleo, a las oportunidades, para que la gente joven sepa que hay una esperanza de radicación en la propia tierra sin necesidad de emigrar hacia otras latitudes; pero, sobre todo, hablamos de la innovación y del futuro del que depende esa economía alternativa a la del monocultivo (del plátano o del turismo) -economía verde y azul, sector aeroespacial, investigación biomarina…-, en la que las RUPs sobresalen con potencial gigantesco y una oportunidad para convertirse en un activo estratégico para el conjunto de la UE.
Por eso es tan imprescindible que el próximo MFP 2028/2034 refleje adecuadamente cada uno de los pilares de los que depende el derecho de las RUPs a un porvenir promisorio. Y por ello es tan crucial la batalla que aún se libra en el PE a brazo partido con el Consejo de la UE, que no puede permitirse el lujo de pasar por alto la posición común firmada por los Jefes de Gobierno de los EEMM con RUPs (Macron por Francia; Montenegro por Portugal; Sánchez por España), con una defensa cerrada tanto de su suficiencia financiera como de sus prioridades y su porvenir estratégico.
*Eurodiputado socialista, Portavoz S&D en la Comisión Constitucional del PE