De la estrambótica huelga general de ayer, que nació de la repulsa por los desahucios y para denunciar los problemas de la vivienda y terminó siendo una protesta general contra esto y aquello y porque hacía falta ya una huelga general (sic), pasamos hoy, en tránsito, a una campaña electoral, no menos extraña, que comienza oficialmente mañana, para decidir quién asume las riendas del Gobierno, y no para refundar España como algunos parece que quieren hacernos creer.
En lo que ocurrió ayer coinciden, cosa que no es frecuente, los sindicatos y el secretario general del PP, Miguel Tellado. Fue una jornada de huelga electoral, lo dicen ellos. El preboste ferrolano del PP sostiene que la organizó Sánchez para hacerles la cusqui y los sindicatos corroboran la naturaleza electoral cuando encuentran lógica esta huelga en vísperas de la campaña electoral porque el próximo 29 de noviembre se decide quién gobierna y también con qué agenda lo hace. Tienen razón, pero eso antes se resolvía con un programa electoral, sin que los sindicatos metiesen baza.
La huelga, que es un derecho constitucional, es consecuencia del fracaso de la política y, visto así, lo que ocurrió ayer es una reprobación general a los partidos que han gobernado y hecho oposición en el Ejecutivo central, en las autonomías y en los ayuntamientos, porque han sido incapaces de ponerse de acuerdo para resolver un problema real de los españoles. Si hubiese funcionado la política, los líderes sindicales podían haberse quedado en su vivienda, que es otro derecho constitucional, la viborilla de la Puerta del Sol de Madrid no tendría que haber pedido (¿o mandado?) a su jefe del PP que acabe con la mafia sindical y con toda esta basura de gente que corta las calles, los comercios no hubiesen necesitado fortificarse contra la acción de los piquetes, informativos claro, ni el ministro de Justicia asomarse a la televisión para defender una huelga general. ¡Cosas veredes! Ganaron todos: las inquilinas, los sindicatos, los empresarios, porque dicen que la huelga tuvo menos seguimiento de lo que parece, y el Gobierno. Solo los autónomos, según el jefe de la patronal del ramo, trabajaron como si la cosa no fuese con ellos, que ya son ganas de no colaborar. Un frío observador lanzado en paracaídas ayer en Madrid, Sevilla o La Laguna habría tenido problemas para saber de qué iba la fiesta.
La misma confusión que tendría mañana, primer día de campaña, si se detuviese a ver y escuchar el ruido y las barbaridades que expelen los voxers y sus compañeros de viaje. Parecería que el próximo 29 de noviembre nos jugamos la vida en la última batalla de una guerra de exterminio. Que ellos se lo crean es triste, preocupante y grave, pero, por salud mental y democrática del conjunto, debemos dejar en manos del fiscal -que puede actuar de oficio- los insultos y amenazas que profieren, y separar su patológico mundo de las cosas de la vida real que interesan a los españoles.
Venimos de una dura precampaña, que empezó en el arranque mismo de la legislatura, en la que con el accidente del AVE de hace quince días los partidos han agotado la reserva de epítetos. Ya se han insultado todo cuanto saben y, a efectos de lo que se debe sustanciar en una campaña electoral, esto es, difundir el programa de los partidos y candidatos, no hay mucho que esperar. A la propuesta tópica de “nosotros haremos bien lo que los otros hacen mal”, PP y Vox añaden que tienen que ganar “para limpiar España y para que no caiga en lo peor del socialcomunismo con Sánchez” y desde la izquierda se pide con vehemencia el voto “para evitar el cataclismo de un gobierno PPVox”. Vaya, la reafirmación del rumbo de colisión de dos bloques antagónicos, de funesto recuerdo en nuestra historia.
Los partidos deberían quitar dramatismo y bajar el diapasón al ruido político. En una democracia consolidada, como es España, las elecciones son para elegir a quienes se encargan de garantizar la libertad de los ciudadanos, administrar el dinero público, el cumplimiento de la ley y el funcionamiento de los servicios. Ya sé que es una manera poco excitante de ver la política, pero los ciudadanos tenemos derecho a reivindicar una democracia tranquila, aburrida si se quiere, con gestores eficaces que den solución a los problemas colectivos y que no envenenen a la sociedad.
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