36 delitos y víctimas desde los 8 años: el ciberdepredador que una denuncia en Canarias desmanteló
La Guardia Civil arrestó en Alicante a un hombre que operaba bajo una identidad falsa durante más de una década. La investigación arrancó en 2024 gracias a una familia de Gran Canaria.
Una denuncia presentada en Canarias en 2024 desencadenó la investigación que acabó con la detención en Alicante de un ciberdepredador sexual al que la Guardia Civil imputa 36 delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años. La operación, bautizada como Achillea, permitió identificar a más de 20 víctimas repartidas por todo el territorio nacional y en varios países extranjeros, algunas de tan solo ocho años.
Todo comenzó cuando la familia de una menor residente en Gran Canaria acudió a la Guardia Civil para denunciar que su hija había sido víctima de grooming, la práctica mediante la que un adulto se hace pasar por un menor para ganarse la confianza de niños y niñas y obtener de ellos imágenes o vídeos de contenido sexual. Aquella denuncia, interpuesta en 2024, puso en marcha un engranaje policial que tardaría meses en completarse, pero que terminaría desvelando una red de abusos de una dimensión hasta entonces desconocida.
El caso fue asumido por el Equipo de Policía Judicial de Santa María de Guía, en Gran Canaria, que llevó a cabo las primeras diligencias y coordinó el análisis del material intervenido. Desde Canarias, los investigadores fueron tirando del hilo hasta identificar al presunto autor: un hombre natural de Alicante que llevaba operando, según la investigación, durante más de una década.
Cómo actuaba el depredador: una identidad falsa y años de manipulación en Canarias y fuera de ella
El modus operandi del detenido seguía un patrón sistemático y deliberado. Se presentaba ante sus víctimas en redes sociales y aplicaciones de mensajería como un menor de edad llamado Juan. A partir de ahí, construía vínculos emocionales con los niños y niñas contactados, en algunos casos llegando a simular relaciones afectivas. Esa manipulación prolongada era la llave con la que conseguía que las menores se grabaran o fotografiaran en situaciones de carácter sexual y le enviaran los archivos.
El agresor acumuló esos contenidos en una colección privada de material pedófilo. Cuando los agentes procedieron al registro de su domicilio en Alicante, la magnitud de lo hallado resultó reveladora: más de 200 dispositivos electrónicos, entre teléfonos móviles, ordenadores y discos duros, con una capacidad conjunta para almacenar hasta 18.000 gigabytes de información. El análisis de ese material fue el que permitió identificar a las más de 20 víctimas, distribuidas por distintos puntos de España y también en el extranjero.
La investigación iniciada desde Canarias dejó en evidencia que ninguna de esas otras víctimas había llegado a denunciar de forma independiente. Fue la valentía de una familia grancanaria al dar el paso ante la Guardia Civil la que abrió la puerta a toda la operación.
El papel clave de Canarias: de la denuncia inicial a la prisión del detenido
Tras la detención del sospechoso, la causa quedó en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía. El órgano judicial, con competencia en el municipio grancanario donde se inició la investigación, decretó el ingreso del detenido en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La decisión refleja la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga o reiteración delictiva que el tribunal consideró presente.
Canarias, y en particular el municipio norteño de Santa María de Guía, ha resultado ser el epicentro judicial de un caso que trasciende con mucho los límites del archipiélago. La investigación coordinada desde la isla ha acabado afectando a víctimas en distintas comunidades autónomas y en otros países, lo que evidencia la capacidad de los depredadores digitales para actuar sin fronteras geográficas.
El grooming está tipificado en el Código Penal español como delito desde 2010 y fue reforzado en la reforma de 2015. La Guardia Civil cuenta con unidades especializadas en delitos telemáticos que trabajan en coordinación con otras fuerzas de seguridad europeas para perseguir este tipo de conductas, que con frecuencia atraviesan múltiples jurisdicciones. En el caso de Canarias, el Equipo de Policía Judicial de Santa María de Guía asumió la dirección técnica de la investigación desde sus primeras fases.
Las autoridades recuerdan que cualquier menor o familiar que detecte conductas sospechosas en el entorno digital puede acudir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, que disponen de canales específicos para denunciar este tipo de delitos. En Canarias, la cercanía de los cuarteles y la coordinación con los equipos especializados de menores facilitan la atención inmediata a quienes dan el paso de denunciar.
La operación Achillea pone de relieve que una sola denuncia, presentada en Canarias por una familia que decidió no callar, fue suficiente para desencadenar una investigación de alcance nacional e internacional. El detenido permanece en prisión provisional mientras la causa sigue su curso en los juzgados de Santa María de Guía, y no se descarta que el número de víctimas identificadas aumente a medida que avance el análisis de los dispositivos incautados.
