Canarias presenta un déficit de 8.075 plazas en residencias de mayores para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años y sólo el 41,5% tienen financiación pública, según recoge un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado con cifras del Imserso y recogido por Europa Press.
En total, Canarias dispone, a cierre de 2020, de 9.979 plazas residenciales —no se ha creado ninguna nueva en los dos últimos años–, de las que 4.137 son públicas y 5.842 privadas (58,5%).
España tiene un déficit de más de 75.000 plazas en residencias de mayores y al finalizar el año 2020 había 5.529 centros residenciales en España, 13 menos que el año anterior, 1.451 de ellos públicos (16 más que el año anterior), y 4.078 privados (29 menos que antes de la pandemia). En cuanto a las plazas, había 389.677, “solo 643 más que un año antes”.
El resultado, según precisa la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es “un mayor déficit de plazas residenciales año a año”. En 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) –cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años–, y en el último año este déficit alcanza las 75.699 plazas.
Además, atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, el informe detalla que serían necesarias “de manera inmediata no menos de 62.000 plazas” residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).
Según datos oficiales del IMSERSO, correspondientes a noviembre de 2021 y recogidos por la Asociación, hay en lista de espera 91.729 personas con Grado II y III, a los que hay que sumar 67.000 pendientes de valorar y que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 158.729 personas.
La asociación estima que cuatro de cada diez de ellos demandarían un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación vinculada a ese servicio. De ahí la previsión de que serían necesarias entre 62.000 y 63.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera, el denominado “limbo de la dependencia”.
Por comunidades autónomas, el informe pone de relieve que aquellas con mayor déficit de plazas son Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, con 30.236, 22.860 y 14.331 respectivamente. Mientras, en cinco comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.541.
Por otro lado, el informe revela que casi dos de cada tres plazas residenciales de mayores son de financiación pública, el 63,2% del total, que incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Este porcentaje, según apunta la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha ido aumentado “ligeramente” en los últimos años, de manera que al finalizar 2020 suponían 2,65 por cada 100 personas mayores de 65 años.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Aragón y Extremadura. Por el contrario, aquellas con menos plazas de financiación pública son Canarias y Murcia, que no alcanzan un 1,5%.
Por su parte, Madrid es la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,5%) que las de financiación pública (1,86%), según el estudio.
La Asociación también destaca como “significativo” que un año y nueve meses después del inicio de la pandemia, aún no se haya recuperado el número de plazas residenciales en el Sistema de Atención a la Dependencia: en febrero de 2020 eran 171.119, y en noviembre de 2021, 169.399 es decir, 1.720 plazas menos.
Además, lamenta que el Ministerio de Derechos Sociales presente un ‘Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad’ en materia residencial sin incorporar una memoria valorativa de las inversiones necesarias para la cobertura de centros ni sus costes.