A finales del siglo pasado, daba igual que fuera un turista o no, quien pusiera un pie en cualquiera de las calles más transitadas de las principales localidades turísticas del Sur de Tenerife porque de inmediato era abordado por una legión de vendedores callejeros, especialmente interesados si, finalmente, comprobaban que el peatón en cuestión era extranjero. Dichos vendedores llegaban incluso a las manos entre ellos con tal de cumplir el objetivo por el que eran contratados: captar cuantos más clientes mejor para el llamado time sharing o tiempo compartido.
A priori, el negocio en cuestión consistía en pagar por el alquiler de un alojamiento turístico durante unas semanas al año, pero lo cierto es que la inmensa mayoría nunca disfrutó de las mismas al tratarse, como la Justicia considera hoy probado, de una gran estafa cuyas víctimas se contaron por miles, como miles fueron las denuncias presentadas ante los tribunales de media Europa.
Era la época en que, curiosamente, desde la Delegación del Gobierno en Canarias se negaba algo que los isleños daban por hecho: en el Sur de Tenerife se habían asentado varias organizaciones criminales o mafias, atraídas por el maná que entonces generaba el turismo en una de las mejores etapas económicas de Canarias en toda su historia.
El aleteo de la mariposa que antecedió a este escándalo, seguramente el mayor relacionado con el sector turístico de Canarias, fue el robo de más de tres toneladas de oro acaecido en el aeropuerto de Heathrow (Londres) a finales de 1983. Ante la creciente presión de Scotland Yard, uno de los principales sospechosos del mismo (incluso se le consideraba como el presunto cerebro del atraco) huyó a Tenerife dos años después, a sabiendas de que los policías ingleses iban a allanar esa misma semana su empresa de oro y joyas, arrestando a los directores de la misma… menos a él. Se llamaba John Edward Palmer, alias Goldfinger, y ahora se sabe que este joyero de profesión nacido en 1950 comenzó a crear en la Isla desde su llegada un entramado de empresas para lucrarse fraudulentamente con el negocio del tiempo compartido, tanto en Tenerife como en la Costa del Sol y, años después, también en Gran Canaria.
Mientras Goldfinger se defendía como podía de los arreones de la Justicia de su país, el time sharing se hizo popular por estos lares, a pesar de que, como lo describe la Fiscalía, la organización creada por Palmer vendía, sencillamente, “humo” y daba dinero, mucho dinero, a tal punto que la codicia fomentó escisiones entre sus integrantes y, desde mediados de los años noventa, la lucha de las distintas facciones por sacar una tajada mayor de tan pingües beneficios era vox populi. Eso sí, las autoridades españolas siguieron negándose a reconocer la implantación de estas mafias en el Sur.
Pero con el cambio de siglo todo cambió. Aunque las primeras investigaciones policiales datan de 1999, fue durante una mañana de noviembre de 2001 cuando tuvo lugar la llamada operación Cedro, gracias a la cual se desplegaron en el Sur decenas de agentes desplazados específicamente desde la Península y sin previo aviso a sus compañeros destinados en la Isla, practicando cerca de una veintena de arrestos y un similar número de registros.
Por si algún despistado no había captado que los años de impunidad tocaban a su fin, solo pasaron unos meses (abril de 2002) para que tuviera lugar otra redada por la misma causa y en la que fueron detenidas ocho personas y se practicaron seis registros más. En ambas actuaciones se embargaron numerosos bienes, si bien la traca mayor quedó para el final con la Operación Alpine, llevada a cabo el 12 de junio del mismo año y en la que “se desarticula finalmente la organización de Palmer”, o al menos así lo anunciaba aquel día Interior. Como quiera que Goldfinger estaba cumpliendo condena en su país también por un delito de estafa en masa a ciudadanos británicos, los arrestados de la Alpine se quedaron en 12 sospechosos, incluido su ‘mano derecha’ Richard Cashman, además de 25 entradas y registros. Para hacerse una idea del botín generado por estas actividades, el tribunal que condenó a Palmer en el Reino Unido por hechos similares estimó en cerca de 40 millones de libras esterlinas la cantidad estafada.
Tras estas redadas, que resultaron espectaculares tanto por lo novedoso de las mismas como por su dimensión (y amplia difusión en los medios de todo el país), aún hubo tiempo para otro hito de esta historia sobre las mafias que operaban en el Sur, dado que en 2007 el entonces considerado como juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, ordenó la detención del propio John Palmer, a quien se arrestó en el Tenerife Sur a mediados de julio de dicho año. Tras dos años en la cárcel, fue puesto en libertad bajo fianza.
Ha pasado un cuarto de siglo de aquellos tiempos en que todos hablaban de las mafias del Sur cuya existencia solo negaban las autoridades. De aquella mega estafa a los turistas queda una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública esta semana confirmando la decisión adoptada por la Audiencia Nacional en 2019 sobre esta estafa multitudinaria.
La lenta actuación judicial y el misterioso asesinato en 2015 de Palmer, a quien dispararon hasta seis veces en el pecho en su casa de South Weald (Essex) desinflaron un caso que la Fiscalía había centrado en Goldfinger, al que pedían 15 años de cárcel. De los once encausados iniciales, solo seis han sido condenados por estafa continuada y asociación ilícita, pero no pisarán la cárcel dado que sus penas no suman dos años de prisión salvo en el caso del sobrino de Palmer, arrestado en posesión de una pistola de su tristemente célebre tío.
LA LENTITUD DE LA JUSTICIA JUGÓ A FAVOR DE LOS CRIMINALES
Casi tres lustros duró la instrucción en el procedimiento abierto por las estafas a turistas que tuvieron lugar en el sur de Tenerife desde mediados de los años 80 con las ofertas del tiempo compartido o time sharing. Semejante lentitud en la actuación judicial operó en beneficio de los hoy condenados, cuyas penas fueron rebajadas ante las clamorosas dilaciones indebidas. Además, el paso de los años restó fuerza a las reclamaciones, ya que parte de los afectados fallecieron, están muy mayores o perdieron interés.
