justicia y tribunales

El clan de John Palmer se libra de la cárcel por la estafa del ‘time sharing’

El Supremo ratifica una sentencia cuyas penas no llegan a los dos años de cárcel por las dilaciones indebidas; se estima que los turistas timados en Canarias fueron unos 70.000
Imagen de archivo de John Palmer./ Efe

Fue en 2002 cuando el juez Baltazar Garzón, entonces celebrado como ‘juez estrella’ y ejerciendo desde la Audiencia Nacional, ordenó una macrorredada en el Sur de Tenerife a cuenta de las estafas que numerosos turistas europeos habían denunciado en relación con el llamado ‘time sharing’ (alquiler de viviendas a tiempo compartido). Poco antes, el no menos célebre John Palmer, alias Goldfinger y cabecilla de la organización entonces desmantelada, había sido condenado en su país a ocho años de cárcel por los mismos hechos, cifrando la Justicia del Reino Unido en 20.000 las víctimas y en 30 millones de libras esterlinas el botín obtenido.

Ahora, 19 años después de dicha redada y 21 desde la apertura de las diligencias, el Tribunal Supremo ha ratificado (menos en el caso de uno de los recurrentes) la condena que en 2019 ya impuso la Audiencia Nacional a los principales colaboradores de Palmer en Tenerife, dado que este fue asesinado en 2015. Pese a que se consideran probados los delitos de estafa y asociación ilícita, las penas por un caso del que se estimaron en unos 70.000 los turistas europeos engañados (tanto en la Isla como en Gran Canaria), las penas impuestas ni siquiera suman los dos años de prisión, por lo que ninguno de los acusados (salvo al que se halló una pistola en su poder) pisará la cárcel. La clave radica en, precisamente, las dilaciones indebidas en un procedimiento que tardó 15 años solo en terminar la fase de instrucción.

Desinflado

Si bien la muerte de Palmer -para el que la Fiscalía Anticorrupción pedía 15 años de prisión- desmoronó sustancialmente la acusación pública, cabe resaltar que entre los encausados por uno de los mayores escándalos vividos en el sector turístico de Canarias, si no el mayor, se encuentran la ‘mano derecha’ de Palmer en las Islas, Richard Cashman, o el propio sobrino del ‘capo’ británico, Dean Morris, precisamente el único que pisará la cárcel por una pistola que, según sostuvo en el juicio, era en realidad de su tristemente afamado tío.

Así, de los 11 encausados inicialmente, solo cinco han sido finalmente condenados. Tras la muerte de Palmer, en la primera jornada de juicio en la Audiencia Nacional se exoneró de toda responsabilidad a otros tres, entre ellos la entonces compañera sentimental de Goldfinger, Christine Ketley, y su otrora abogado de cabecera, Ramón Solano. Dicha sentencia absolvió a otro inculpado, y el Supremo finalmente ha hecho lo mismo con uno más.

En cuanto al resto (los citados Cashman, Morris y otros tres como por ejemplo la holandesa Jacoba Visscher y el responsable de la organización en Gran Canaria, Keith Peter Davies) han sido condenados como autores de un delito continuado de estafa y otro de asociación ilícita, correspondiéndoles una pena por cada uno de ellos de diez meses de prisión salvo en el caso de Visscher (la única encausada que reconoció los hechos), a quien corresponden sendas penas de cuatro meses de prisión por cada una de dichas infracciones penales. Además, a Morris se le condena igualmente por el delito de tenencia ilícita de armas a un año de prisión.

Según el relato de la Fiscalía, la organización de Palmer vendía, sencillamente, “humo”. Si bien la Fiscalía solo investigó a partir de 1993, fue en 1985 cuando el británico llegó al Sur de Tenerife huyendo de un posible arresto por su presunta implicación en el robo de más de tres toneladas de oro cometido en el aeropuerto de Heathrow (Londres) dos años antes y pronto creó un entramado de empresas para la venta de multipropiedad o ‘time sharing’ por el que los turistas alquilaban el uso de residencias turísticas durante unas semanas al año. Sin embargo, los clientes nunca llegaban a disfrutar de esas vacaciones adquiridas dado que, cuando las solicitaban, las empresas del entramado se las negaban con la excusa de que en ese momento los apartamentos no estaban disponibles y similares. A cambio les ofrecían pagar algo más por un cambio de fecha que luego tampoco cumplían. “Se aprovechaban del miedo de los clientes a perder toda la inversión”, explica la Fiscalía en unos hechos que ahora se consideran probados.

Más engaños

A este timo le sucedieron otros como la venta en “complejos residenciales inexistentes” entre 1993 y 1997 (entre ellos los de Montaña Vista, en Tenerife, o Gomera Palm Beach, en la isla colombina, que nunca llegaron a existir), así como las subidas constantes en las cuotas de mantenimiento con la amenaza de perder la titularidad de la propiedad compartida en caso de impago e incluso la promesa de una reventa o alquiler que nunca se llegaba a materializar.

El éxito alcanzado (primero en Tenerife y luego también en Gran Canaria) fue tal que incluso derivó en una lucha entre distintos clanes mafiosos cuyos comerciales callejeros asaltaban literalmente a todo turista que, a finales del milenio pasado, pisara la calle en las principales localidades turísticas. En ese afán por recaudar cada vez más, Palmer transformó el negocio en 1998 con la fórmula del club de vacaciones (Dream Work Vacation Club), consistente en la supuesta venta de un paquete de “uso y disfrute durante cierto tiempo de apartamentos y hoteles en zonas turísticas de todo el mundo”, si bien la red solo ofrecía a los clientes sus complejos en Canarias. En el momento de la firma del contrato, las víctimas entregaban una cierta cantidad de dinero a cambio de un cheque. La organización les hacía creer que ese cheque podría ser cobrado, por un importe superior, transcurrido un periodo de tiempo (59 semanas o más).

Indemnizaciones

Respecto a las indemnizaciones que los condenados tienen que afrontar, hay que advertir que 20.000 estafados ya reclamaron sus derechos en el juicio que por la misma causa se celebró contra Palmer en su país, si bien la Policía Nacional estimaba en su momento que se engañó a unos 70.000 turistas de la Unión Europea. De nuevo, el paso del tiempo ha favorecido a los delincuentes al restar interés por el resarcimiento económico, y no pocos timados han fallecido o son muy ancianos. Sea como fuere, los estafados a indemnizar son apenas 252 que corresponden a 148 casos, y que deberían recibir cantidades que oscilan desde los 43.000 hasta los 700 euros, si bien la mayoría son de entre 3.000 y 5.000.

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