Jaulas de lubinas frente a la costa de Canarias: los residuos podrían viajar por la costa canaria
Jaulas de lubinas frente a la costa: el proyecto que enfrenta a dos municipios con el Gobierno de Canarias
Nadie sabe qué pasaría con una granja de peces frente a la costa de Canarias durante un temporal. Esa es, en esencia, la objeción que ha llevado a dos ayuntamientos de Gran Canaria a plantarse contra el proyecto para instalar jaulas marinas de cultivo de lubina en el litoral de La Aldea de San Nicolás. Primero fue el propio municipio aldeano. El lunes se sumó Mogán, que reclama al Gobierno de Canarias nuevos estudios ambientales antes de que el expediente siga adelante.
El proyecto se ubica en la Zona de Interés Acuícola ZIA-GC-9, en la costa de La Aldea, y se tramita ante la Dirección General de Pesca del Ejecutivo autonómico. Salió a información pública con un plazo de 30 días junto a su Estudio de Impacto Ambiental Ordinario, requisito previo para el otorgamiento de la concesión acuícola.
La duda que frena las jaulas marinas en Canarias
El informe externo encargado por el Ayuntamiento de Mogán concluye que el estudio del proyecto no ha evaluado qué ocurriría durante episodios de fuertes corrientes marinas, temporales u oleajes intensos, porque las simulaciones realizadas se basan en condiciones que no recogen esos escenarios. Añade además que el área analizada es insuficiente para determinar con garantías hasta dónde podrían llegar los efectos de la instalación.
De ahí se deriva la conclusión más delicada: según el Consistorio, los análisis realizados no permiten descartar que residuos, nutrientes y contaminantes asociados a la actividad acuícola puedan alcanzar otras zonas de la costa de Gran Canaria. Es decir, el problema no se limitaría necesariamente al litoral aldeano, sino que podría afectar a municipios vecinos como el propio Mogán.
Mogán sostiene que la documentación del expediente no permite determinar con suficiente precisión qué podría ocurrir durante temporales, fuertes oleajes o episodios de corrientes marinas intensas, y por eso pide ampliar los estudios antes de autorizar la actuación.
La Aldea de San Nicolás presentó sus propias alegaciones el pasado 17 de septiembre. El alcalde, Pedro Suárez, impulsó la contratación de una asistencia técnica externa para analizar el proyecto, al considerar que su complejidad en oceanografía, dinámica litoral, afección a hábitats protegidos, paisaje y actividad pesquera excedía los medios del Ayuntamiento, que no cuenta con personal especializado en ecología y acuicultura marina. Ese informe, junto al de los servicios técnicos municipales, sustenta el pronunciamiento desfavorable que el municipio ha trasladado a la administración autonómica.
Por qué la acuicultura divide a Canarias
La oposición no es nueva. El Pleno de La Aldea ya había acordado rechazar la implantación de instalaciones acuícolas en las Zonas de Interés Acuícola de su litoral, y en junio de este año se celebró una protesta vecinal contra las jaulas marinas frente a su costa. Según el Consistorio, las carencias detectadas en el expediente no despejan, sino que confirman, los motivos de esa oposición.
Mogán, por su parte, ha cuestionado que el Cabildo de Gran Canaria no presentara alegaciones en una fase anterior del procedimiento. Su alcaldesa lamentó que esa ausencia haya obligado ahora a los ayuntamientos limítrofes y a varias asociaciones ecologistas a encargar informes propios para intentar frenar la instalación. Ambos municipios han trabajado de forma coordinada en su respuesta.
El debate en Canarias de fondo va más allá de La Aldea. La acuicultura se presenta desde hace años como una alternativa para producir pescado sin presionar más los caladeros, y Canarias cuenta con zonas específicamente designadas para ella. Pero la instalación de jaulas en aguas abiertas genera recelo por sus posibles efectos sobre los fondos marinos, la calidad del agua, la pesca artesanal y el paisaje, en un archipiélago cuya economía depende en gran medida de su litoral.
Ahora la decisión está en manos de la Dirección General de Pesca en Canarias, que deberá responder a las alegaciones antes de resolver sobre la concesión. Los dos ayuntamientos han anunciado que seguirán el procedimiento de cerca y defenderán, en palabras del municipio aldeano, los valores naturales y paisajísticos de su costa y las actividades vinculadas al mar. En Canarias, donde cada metro de litoral está en disputa, el caso de La Aldea puede sentar precedente para las próximas concesiones.
