El Cabildo de Gran Canaria ha denegado recientemente un total de 3.400 autorizaciones para la instalación de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) en la isla. Estas solicitudes fueron presentadas por tres empresas diferentes, según ha informado el consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, quien destaca que la decisión se basa en criterios de insularidad y medioambientales, y no en consideraciones económicas.
Sosa señala que permitir la instalación de 3.400 vehículos de transporte público de viajeros con conductor en la isla sería completamente desproporcionado y distorsionaría por completo el sector. De hecho, esta cifra supera incluso el número actual de licencias de taxi en los 21 municipios de la isla, que actualmente asciende a 2.656.
El vicepresidente segundo del Cabildo explica que las empresas a las que se les ha denegado la autorización están tratando de aprovechar una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionada con el área metropolitana de Barcelona. Esta sentencia considera que la restricción a las licencias de vehículos de transporte con conductor es contraria al derecho comunitario. La sentencia cuestiona la limitación de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi. Las 3.400 autorizaciones de nuevas VTC denegadas por el Cabildo confirman que las empresas que solicitan este servicio ahora tienen un nuevo argumento para impugnar cualquier legislación autonómica o municipal que intente aplicar esta proporción de 1/30. De hecho, una de las empresas solicitantes es Prestigue and Limousine SLU, con sede en Madrid y sin delegación en Gran Canaria.
El consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo destaca que en Gran Canaria ya se han autorizado 102 licencias de VTC, lo que supera la proporción de 1 por cada 30 taxis. Además, deja claro que el Gobierno insular estará del lado del sector del taxi, ya que considera que permitir estas nuevas autorizaciones sería perjudicar al sector y romper el mercado de la isla.
Según Teodoro Sosa, la solicitud de 3.400 autorizaciones de VTC en Gran Canaria es una cifra «absurda» y, además, se ha realizado «en apenas dos o tres meses». En su opinión, esta cifra refleja claramente que lo que se está solicitando es algo totalmente desmesurado.
En cualquier caso, Sosa insiste en que la decisión del Cabildo cumple con el mandato legal del Gobierno de Canarias y se basa en un criterio medioambiental de sostenibilidad del transporte, no solo en consideraciones económicas.
