Los casos de corrupción no cesan en Canarias, el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, histórico líder de la izquierda hasta su incorporación a través de la desaparecida ICAN en CC en la década de los 90, fue condenado ayer a siete años de inhabilitación por una delito de prevaricación, al dar autorización a la construcción del edificio de Los Tarajales, invadiendo el dominio público marítimo terrestre a partir de una licencia otorgada en el año 2005. La sentencia, pese a ser demoledora para un alcalde que es candidato el próximo 26 de mayo a las elecciones municipales en su pueblo,y que está dispuesto a recurrirla, descarta los 18 meses de prisión que pedía la acusación y rebaja de 10 a siete años el período de inhabilitación.

El resto de los acusados, defendidos por el abogado Juan Antonio Rodríguez, han quedado absueltos de los delitos imputados. Así, la absolución llega tras años de espera para la celebración de este juicio en octubre del 2018, con alivio jurídico para el arquitecto municipal y para los concejales Juan Antonio Martín y Francisco Pérez, así como para el teniente alcalde, Juan Miguel Rodríguez, hoy candidato de Nueva Canarias a la alcaldía de Tazacorte.

La sentencia indica, como hecho probado en relación con el alcalde Ángel Pablo Rodríguez Martín, el “sentido, la motivación y la intensidad de su participación en el planeamiento del municipio” que “se infiere de sus propias manifestaciones en la causa, de sus intervenciones en la Cotmac y en los plenos del Ayuntamiento”, e incluso cita como hechos importante dentro de la causa, “las cartas que dirigió al director general de Urbanismo y al presidente de la Comunidad Autónoma”.

El tribunal da por demostrado que el alcalde apoyo este proyecto “con carácter prioritario sobre otros proyectos turísticos del municipio”. Asimismo, la sentencia argumenta el delito de prevaricación urbanística por el que condena al regidor local, destacando que “el valor material de la ordenación del territorio en su sentido constitucional de utilización racional del suelo como recurso natural limitado y adecuado a su uso en favor del interés general, que otorga una protección integral que incluye el respeto a los valores de interés colectivo”. la sentencia llega tras once años de litigio, diez de ellos dedicados exclusivamente a las diligencias del caso por un delito contra la ordenación del territorio del que se hace, “autor plenamente responsable” a Angel Pablo Rodríguez Martín.