La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha anunciado hoy una serie de medidas destinadas a limitar el alquiler vacacional en zonas turísticas y en áreas residenciales de las dos principales capitales de Canarias. Estas medidas, que formarán parte de una nueva ley de vivienda turística, tienen como objetivo principal equilibrar el mercado de alquiler en las Islas Canarias y garantizar un acceso adecuado a la vivienda para todos los residentes.
Según declaraciones de Jéssica de León a los medios de comunicación, se espera que esta ley esté en vigor para el 30 de junio de 2024, una fecha que marca un hito en la regulación del alquiler vacacional en la región.
Una de las principales iniciativas de esta nueva legislación será la identificación de zonas consideradas «tensionadas», donde se limitará o incluso se prohibirá el alquiler vacacional. Ejemplos de estas áreas incluyen lugares como Corralejo, El Cotillo, Adeje o Arona, donde la alta demanda turística ha llevado a una proliferación de alquileres vacacionales que ha generado dificultades para encontrar viviendas de alquiler a largo plazo. La consejera subrayó la importancia de proteger los derechos de los residentes en estas áreas y de preservar la disponibilidad de viviendas asequibles.
Alquileres vacaciones en Canarias restringidos en las dos capitales
Además de estas zonas turísticas, la ley también se enfocará en áreas residenciales en las dos principales capitales de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En estas ciudades, se identificarán «zonas puntuales en barrios concretos» donde se implementarán medidas específicas para regular el alquiler vacacional y garantizar que no afecte negativamente a la disponibilidad de viviendas para los residentes locales.
La consejera De León enfatizó la necesidad de abordar tanto la cantidad como la calidad en la regulación del alquiler vacacional. No se trata simplemente de limitar el número de propiedades disponibles para alquiler turístico, sino también de garantizar que las propiedades que estén disponibles cumplan con estándares de calidad y seguridad adecuados.
La falta de alquileres asequibles en Canarias el gran problema
Esta iniciativa responde a la creciente preocupación en Canarias por el impacto del alquiler vacacional en el mercado de viviendas y en la calidad de vida de los residentes. La alta demanda turística ha llevado a un aumento en el precio de las viviendas y a la escasez de opciones de alquiler a largo plazo en algunas áreas, lo que ha generado tensiones en el mercado inmobiliario.
La comunidad autónoma de Canarias ya se ha convertido, según datos oficiales de agosto de este 2023 (los más recientes servidos gracias a un proyecto estadístico experimental del Instituto Nacional de Estadística -INE-), en el territorio español con más impacto de la vivienda de uso turístico o vacacional, debido a que en este archipiélago, superando el registro de Islas Baleares por primera vez este año, cuatro de cada cien viviendas disponibles y aptas para ser habitadas se explotan en el negocio turístico, exactamente el 4,08% del parque total canario, lo que permitiría alojar a más de 188.000 personas si hubiera lleno en todas ellas.
La nueva ley de vivienda turística se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno de Canarias por encontrar un equilibrio entre el turismo y las necesidades de la población local. Se espera que estas medidas ayuden a preservar la disponibilidad de viviendas asequibles y mejoren la calidad de vida de los residentes, en Canarias solo quedan tres municipios donde el acceso a la vivienda es aun asequible y barato.
El Gobierno de Canarias, a través de la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, está tomando medidas concretas para limitar y regular el alquiler vacacional en zonas turísticas y áreas residenciales de las principales capitales de la región. Estas medidas buscan abordar los desafíos que enfrenta el mercado de alquiler en Canarias y garantizar un acceso adecuado a la vivienda para los residentes locales. La implementación de esta nueva ley de vivienda turística está prevista para junio de 2024 y se espera que tenga un impacto positivo en la calidad de vida de la población canaria.