En una decisión que ha encendido las alarmas entre los defensores del medio ambiente y el patrimonio natural de Canarias, el Cabildo de La Palma ha aprobado por unanimidad un proyecto que, lejos de ser una solución sostenible para el desarrollo de la isla, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la gestión territorial y el bienestar de sus habitantes. Se trata del balneario-hotel Dichosa Wellness Clinic, un complejo que promete aunar servicios sanitarios y hoteleros en un entorno natural único, precisamente en una zona afectada por la reciente actividad volcánica en la isla.
Este proyecto, que se suma a la creciente lista de iniciativas turísticas de gran envergadura en el archipiélago, es indicativo de una tendencia preocupante: la priorización de intereses económicos y turísticos por encima de la conservación ambiental y el bienestar social de la población local. A pesar de las promesas de integración y sostenibilidad, la realidad es que el Dichosa Wellness Clinic ocupará más de 180.000 metros cuadrados en un área de valor ecológico y cultural incalculable, lo que no solo alterará el paisaje sino que también pondrá en peligro la biodiversidad de la zona.
El Dichosa Wellness Clinic en La Palma
La aprobación de este proyecto ha provocado la reacción inmediata de colectivos ecologistas y sociales, que ven en esta decisión una muestra más del modelo de desarrollo insostenible que se está imponiendo en Canarias. Ben Magec-Ecologistas en Acción y otras organizaciones han señalado cómo este tipo de proyectos contribuye a la degradación del territorio, la sobreexplotación de recursos naturales y el aumento de la precariedad laboral y la pobreza. La crítica no solo se centra en el impacto ambiental directo, sino también en cómo este modelo turístico masivo afecta a la estructura social y económica de las islas, exacerbando problemas como la gentrificación, la especulación inmobiliaria y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para muchos canarios.
La construcción del Dichosa Wellness Clinic en un espacio natural de La Palma, especialmente en un contexto de crisis habitacional agudizada por la erupción del volcán Tajogaite, es una muestra clara de las prioridades distorsionadas del gobierno insular y, por extensión, de las autoridades regionales. Mientras se facilita la modificación del Plan Insular de Ordenación para acomodar proyectos de lujo dirigidos a turistas y capitales extranjeros, las necesidades básicas de la población local, como el acceso a una vivienda asequible o la gestión sostenible de recursos esenciales como el agua, quedan relegadas a un segundo plano.
La situación hídrica de La Palma, y de Canarias en general, añade otra capa de complejidad al debate. En medio de una intensa sequía y con un sistema de gestión del agua que favorece la especulación y el control privado sobre este recurso vital, el desarrollo de infraestructuras turísticas de gran escala plantea serios cuestionamientos sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas islas. Proyectos como el Dichosa Wellness Clinic, con sus piscinas y jardines, demandarán una cantidad significativa de agua en una región donde ya es escasa, exacerbando la competencia por este recurso entre usos turísticos, residenciales y agrícolas en La Palma.
Un proyecto respaldado por varios partidos políticos de Canarias
La aprobación unánime del proyecto por parte del Cabildo de La Palma, con el apoyo de partidos políticos de diferentes ideologías, refleja una desconexión alarmante entre los representantes electos y las necesidades y deseos de la población que dicen servir. La insistencia en seguir adelante con este tipo de desarrollos, a pesar de las claras señales de rechazo y preocupación por parte de la ciudadanía y los colectivos sociales y ambientales, pone de manifiesto la urgente necesidad de replantear el modelo de desarrollo turístico y económico en Canarias.
No se puede seguir ignorando el clamor popular por un cambio hacia un modelo más sostenible, equitativo y respetuoso con el medio ambiente y la cultura de las islas. La apuesta por un turismo que degrade el patrimonio natural y cultural de Canarias, que ponga en riesgo su sostenibilidad ambiental y que deje de lado las necesidades de su población, es una apuesta perdida de antemano.
Es imperativo que el gobierno de Canarias, así como los cabildos insulares, escuchen y atiendan las demandas de sus ciudadanos, replanteando sus prioridades hacia un futuro en el que el bienestar de la población y la conservación del patrimonio natural sean los pilares fundamentales del desarrollo.