Visocan y su relación con el cobro alquileres abusivos a familias vulnerables en La Laguna
En un encuentro significativo este jueves en La laguna, el Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con miembros del colectivo ‘Acampada Reivindicativa Lolo Dorta’, que representan una voz crítica frente a las políticas de vivienda implementadas por Visocan, la empresa pública de vivienda en Canarias. Durante la reunión, los representantes expresaron su descontento y preocupación por las prácticas de cobro de alquiler que consideran injustas para las familias de bajos ingresos, especialmente en La Laguna.
La controversia se centra en que Visocan, según los reclamos presentados por el colectivo, estaría aplicando un decreto obsoleto para el cobro de alquileres, específicamente el Decreto 221/2000, en lugar de adherirse al Decreto 32/2020, que estaría diseñado para aliviar la carga financiera de las familias en situación de vulnerabilidad. Este cambio normativo es fundamental porque el decreto más reciente permite un cálculo más ajustado y equitativo del alquiler basado en los ingresos familiares, lo cual facilitaría a los inquilinos cumplir con sus pagos mensuales.
Acusaciones del Diputado del Común en La Laguna contra Visocan
Eloy Cuadra, portavoz del colectivo, subrayó la magnitud del problema, señalando que hay aproximadamente 4,500 viviendas sociales en Canarias, afectando a cerca de 1,000 familias solo en La Laguna. Además, Cuadra denunció que estas familias están siendo sujetas al cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe tal cobro a familias en viviendas sociales. Esta situación se agrava con la posibilidad de que el Ayuntamiento de La Laguna decida no renovar las ayudas extraordinarias al alquiler que hasta ahora han beneficiado a estas familias.
La reunión también contó con la presencia de los asesores de la Diputación del Común, Óliver Fariña y Andrés Briansó, quienes tomaron nota de las inquietudes expresadas y las medidas solicitadas por el colectivo. Rafael Yanes, por su parte, aseguró que llevará estas preocupaciones a la próxima titular de la institución, que está a punto de asumir su cargo.
Yanes aprovechó la ocasión para contextualizar la situación actual de la vivienda en Canarias, criticando la falta de planificación a largo plazo que ha resultado en una «situación insostenible». Según Yanes, el problema radica en la ausencia de una estrategia adecuada durante los últimos 30 años, que ha impedido el desarrollo de suficiente vivienda pública para satisfacer las necesidades de la población.
Asimismo, Yanes destacó que en otros países europeos donde se protege efectivamente el derecho a la vivienda, se opta por modelos de alquiler social que se calculan de acuerdo con la renta familiar disponible, un sistema que él mismo ha propuesto en el Parlamento en el Informe Extraordinario sobre vivienda.
El sector de la vivienda en La Laguna y en Canarias
Este encuentro es un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrenta el sector de la vivienda en Canarias, donde las políticas deben equilibrar la urgencia de proporcionar hogares accesibles con la necesidad de mantener prácticas de gestión sostenibles y justas. La resolución de estas cuestiones será crucial para garantizar que las familias de menores ingresos de La Laguna y otras zonas de Tenerife no solo tengan un techo sobre sus cabezas, sino que también puedan sustentar sus hogares sin una carga financiera desproporcionada.
El caso de La Laguna y las familias afectadas por estas políticas de alquiler es solo un ejemplo de los retos que enfrenta Canarias en su camino hacia una reforma habitacional inclusiva y efectiva. La expectativa es que la nueva administración tome cartas en el asunto de manera que se alineen las políticas de vivienda con las necesidades reales de los ciudadanos, buscando siempre fomentar la equidad y la justicia social en el acceso a la vivienda.
