La junta general ordinaria de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) aprobó el pasado mes de junio de 2016, con la ex consejera socialistas Patricia Hernández como titular, sus cuentas anuales auditadas, así como el informe de gestión del ejercicio 2015.
En dicho informe la propia empresa reconoce que sufre tensiones de tesorería derivadas de la situación económica actual, principalmente por las dificultades para acceder al crédito y la crisis del sector inmobiliario. De hecho, desde el año 2012 no puede atender al vencimiento de cuotas de sus préstamos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, al cierre del ejercicio (2015) ascienden a 22.440.374,34 euros.
La empresa pública ha intentado, a lo largo de todo este tiempo, refinanciar su deuda vencida y no atendida con las entidades financieras, pero las restricciones normativas impiden que Visocan realice este tipo de operaciones con el sector público perteneciente a Comunidades Autónomas acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Dado que la restructuración tampoco es viable para este tipo de préstamos ICO debido a que supondría la pérdida de las ayudas concedidas por el Ministerio de Fomento a este tipo de financiación, la Consejería de Economía y Visocan buscan una solución alternativa para solucionar el pago de la deuda. No obstante, no se ha recibido reclamación alguna de la deuda vencida por parte de las entidades financieras.
ERE
La empresa, siempre según consta en la memoria a la que ha tenido acceso este periódico, en un esfuerzo por intentar amortiguar las tensiones de tesorería llevo a cabo un ERE en el año 2012 que supuso el despido de un 40% de la plantilla. A esto hay que unir que se bajaron los sueldos de la mayoría del personal. Todo esto supuso una reducción de la masa salarial en un 50% aproximadamente.
Profundizando en la situación financiera de la sociedad, en el apartado de deudas, el informe incluye un préstamo del único accionista de la sociedad, es decir, la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 15.065.000 euros al tipo de interés del 4% anual. A 31 de diciembre de 2014 quedaba pendiente de devolución un importe de 13.558.500 euros, cuya devolución se realizará, casi en su totalidad, en el ejercicio 2021. Este préstamo ha devengado ya unos intereses de 541.600 euros.
Pero es que además, la sociedad también apostó por los llamados productos tóxicos. En el ejercicio 2015 tenía formalizados cinco contratos de permutas financieras swaps para cubrir variaciones de tipos de interés al mantener prácticamente toda su deuda con las entidades financieras a tipos de interés variable. Pues bien, todos esos swaps suponen un gasto de 1.083.711,53 euros en el ejercicio 2015 y 1.153.177,00 en el ejercicio anterior.
Además, en el año 2013 la sociedad fue objeto de inspección en concepto del Impuesto de Sociedades correspondientes a los años 2009 y 2011. El resultado de esta inspección fueron dos actas, una de disconformidad por importe de 1.126.182,91 euros que ha sido recurrida, pero que Visocan tuvo que abonar y que quedó cancelada en 2015, y otra de conformidad que fue abonada. La primera fue recurrida, pero al cierre del informe, la sociedad aún no había recibido la sentencia.
La consecuencia de todo esto es que la actividad de la empresa está dedicada casi en su totalidad a la gestión del arrendamiento de su propio parque de viviendas con 5.401 inmuebles en explotación, en la fecha de realización de la memoria. La empresa, desde luego también se ha visto afectada por la crisis al tener un importante incremento de la morosidad de sus inquilinos.
Alquileres
No obstante, con una situación tan adversa, la cifra de negocios de Visocan fue de 21,42 millones de euros, un 14% superior a la de 2014. La práctica totalidad de sus ingresos se debe a los alquiles del parque de viviendas no tanto a la ejecución ni la adquisición de nuevas promociones. La factura anual, solo por arrendamientos, llega a los 18,67 millones de euros. La renta de esas viviendas oscila entre los 200 euros y los 450 euros mensuales. A esta cifra hay que añadir el importe de 2,55 millones que entran de la mano de aquellas viviendas sin ayudas.
La auditoría realizada al ejercicio de la empresa señala que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio de la sociedad, pero repara en que Visocan no dispone de tasaciones actualizadas de los terrenos y solares de los que dispone. También señala que parte del activo corriente de la empresa por importe de 9.293.802,90 euros incluye importes pendientes de cobro a inquilinos morosos.
La entidad ha mantenido como activo parte de esa deuda y no ha reclasificado a largo plazo el importe, por lo que a la auditoría le ha sido difícil determinar qué importe de dichos saldos tendría vencimiento superior a un año. Además señala que en muchas ocasiones la entidad tiene resoluciones favorables al desahucio.
En cuanto a la deuda con el ICO, el órgano auditor señala que esto ha dado lugar a que los pasivos corrientes sean superiores a los activos corrientes, con lo que se puede dar un riesgo de liquidez que puede generar dudas sobre la capacidad de la sociedad para atender a sus obligaciones.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas