Para progresar hay que tocar suelo antes. La política cuando lo ve cerca, exporta sus responsabilidades al externo, que acabamos pagando todos. No es correcta, por ello, la opinión de algunos sectores en Canarias, que creen sesgadamente que la próxima Ley del Suelo será el “epicentro de la corrupción”, sin que entendamos de sus explicaciones las razones. Ofrecen una simbólica, referida a que la actual Ley del 2000 fue formulada en su día por Adán Martín y Román Rodríguez. Alejados por ello del método científico, que procura medir los éxitos por resultados y los instrumentos por su eficacia.
Respecto al rechazo, sin contenido técnico de los sectores del “no es no” a la Ley, me permito señalar cuatro errores de concepto básicos. El primero, “no haber entendido el significado de la Bolkestein”, que desde 2010 liberaliza los servicios en Europa. Unida a la libertad de servicios, debemos obligatoriamente integrar la legislación ambiental y aplicar la subsidiaridad, esto es, una Administración, una competencia, circunstancias que en Canarias bloquea hoy cualquier gestión. Hemos podido ver en estos días lo bien que le va a Canarias cuando juega a favor de España y Europa. Buena parte de ayuntamientos y cabildos sigue incumpliendo la Bolkestein hoy.
Segunda cuestión, se desconoce la “naturaleza de la corrupción” en los términos que se expresan por Noam Chomsky, que fija el origen de la misma en un mal reparto del poder. Cuanto más intervención pública, más corrupción hay. Con asomarnos al panorama patrio podemos verlo sin gran esfuerzo. Por ello no debe extrañarnos que en España sean Canarias y Baleares las dos zonas donde mayor intervención pública hay y, con ello, más extendido se presenta el fenómeno.
La tercera razón que añadimos es la reiterada deriva que entiende que “el empresario es malo por naturaleza”. Sólo la acción pública dicen que es moral. Dislate conceptual ajeno a la naturaleza constitucional del país y mucho más lejano del proceso de globalización asumido por Europa luego del Tratado de Lisboa. Soporte conceptual del proceso de liberalización de servicios que ya vimos, que algunos pretenden negar y otros no cumplen.
Añado una “cuarta razón” técnica. Tenemos hoy la Ley del Suelo más conflictiva de España. El 40% de los acuerdos en aprobación definitiva de la Cotmac se recurren por el afectado. Tanta es la conflictividad, que buena parte de los temas se trasladan al campo jurisdiccional “contencioso, civil, mercantil y penal”, que actúan de cuarto trámite por encima de ayuntamientos, cabildos y autonomía. Algo tan conflictivo no puede estar bien hecho. Añado a ello la curiosa forma de legislar con la técnica del “recorte y pega”, donde se generan infinidad de disfunciones al situarse el legislador en la posición de la “posverdad”, allí donde una cosa y su contraria son verdad.
Canarias precisa una Ley del Suelo más clara, sencilla, barata y eficaz, al alcance de todos, lo que la hará menos corrupta. La Ley del Suelo de Clavijo avanza en todos estos frentes, se nota su experiencia de alcalde, alejado de las distancias de nuestros legisladores. Con ello no haremos la revolución, la ley canaria seguirá siendo la más compleja de España, valga comparar con la gallega del 2016 o la de Madrid en proyecto de ley, que sólo necesitan la mitad de texto para resolver. Contiene también la ley canaria un desafortunado encuadre técnico de la legislación ambiental, que vuelve a conducirnos a la inseguridad jurídica. Debemos remitirla al reglamento. Compromiso político de impulso cierto y un plan de inversión plurianual que la acompañe.
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