Los abajo firmantes, alcaldes que han sido de Santa Cruz de Tenerife, y ciudadanos que somos de esta ciudad, que sufrió asedios y epidemias, y que por eso es muy noble, leal, invicta y benéfica, decidimos constituir una Plataforma con el único fin del salvar una estructura de aparcamientos en Las Teresitas que costó ocho millones de euros a los ciudadanos de esta sufrida ciudad.
No entramos en la condena -que por imperativo legal acatamos-, pero sí pretendemos que se cumpla la sentencia en el particular extremo de la misma que permite la legalización de aquella parte de la edificación que, en necesario concierto con Costas y el Gobierno de Canarias, pueda legalizarse.
Para ello, parecía necesario que el Ayuntamiento -que es el dueño de la obra- y que no ha sido parte del proceso -y que sin embargo va dilapidar esos ocho millones de euros- defendiese los intereses municipales, personándose en el Juzgado de lo Penal y plantease los conflictos competenciales precisos, para que no se derribase lo que pertenece a la ciudad.
Sin embargo, se nos dice desde la máxima Autoridad Judicial Provincial que nuestra intervención es irresponsable e inadmisible, de lo que, enérgica, pero respetuosamente, discrepamos.
Se llega incluso a sugerir que el Ayuntamiento deberá buscar una ubicación alternativa dentro de los terrenos disponibles para colocar allí los aparcamientos, volviéndose a cometer el error de desconocer el proyecto que prevé una gran plaza y bajo ella -enlazando la vía- el edificio de aparcamientos, en suelo público municipal y de uso público.
La cuestión es que el Ayuntamiento, por unanimidad, ha decidido, primero, en la Modificación Puntual del Plan General antiguo, y luego en la Adaptación Básica del anterior Plan General a la Ley del Suelo, y finalmente en el Plan General vigente, justamente para incorporar el Proyecto de Dominique Perrault, que los aparcamientos estén en ese sitio, y no en otro. Y esa decisión es libérrima del municipio.
El debate, que es sano y plausible, y no debe ser estigmatizado, se ha desenfocado desde el principio, cuando el propio denunciante al frente de la Gerencia de Urbanismo no activa el Plan Especial; no ejecuta el propio Plan General que permitía la legalización de la infraestructura existente e induce a la confección de informes en los que se insinúa que el Plan General es meramente indicativo cuando es imperativo, y se remite todo a un Plan Especial, que, se dice, ahora, ha de ser aprobado por otras administraciones, cuando lo cierto es que es competencia plena e indelegable del Pleno Municipal, siendo lo importante, y lo que se olvida, que el Plan Especial no podrá ir nunca jamás en contra del Plan General, al que está subordinado, jerárquica y funcionalmente.
Por lo tanto, no hay otra ubicación posible para los aparcamientos. Lo que se demuela ha de ser reconstruido en el mismo lugar y con las mismas características.
Las sentencias claman por ser cumplidas, en sus propios términos, añadimos nosotros, y si la Audiencia abrió la puerta a la legalización, ¿por qué la cerramos con tecnicismos? Abramos el diálogo. Sentémonos a salvar lo que se pueda. Definamos con Costas el deslinde. Marquemos lo que invade la zona de servidumbre de protección, en su caso.
Y cuando sepamos exactamente lo que sea salvable, seremos nosotros los primeros en usar la pala y la piqueta para eliminar lo ilegal e ilegalizable.
Pero mientras exista una mínima posibilidad de conservar lo que es nuestro, salvémoslo.
Parafraseando a Don Juan Tenorio, y todos a una como en Fuenteovejuna: “Llamé a la justicia y no me oyó, y puesto que sus puertas me cierra, de mis actos en la tierra, responda ella, y no yo”.
En Santa Cruz de Santiago de Tenerife, a 19 de julio de 2017.
*Exalcaldes de Santa Cruz de Tenerife
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