La política es una de las cosas más difíciles de entender. Todo está calculado para obtener el mejor beneficio electoral, pero a veces resulta complicado descifrar la intención de las estrategias. A menudo éstas confunden el interés de los electores con el de la militancia, con la misma facilidad con que asimilan el espectro sociológico con el ideológico, como si ambos fueran la misma cosa. El ámbito de las ideologías está restringido al espacio del compromiso y de la lealtad, el de las opiniones de la llamada sociedad civil se abre a un universo más amplio y variable. Los partidos políticos pretenden pescar en este espacio diverso y, sin embargo, caen en la contradicción de presentar ofertas que sólo satisfacen a sus bases reales. Esta es una de las causas para que se presenten soluciones contradictorias allí donde el sentido común recomienda una posición unitaria.
Soy de los que piensa que los intentos secesionistas en España siempre se han producido coincidiendo con una crisis del Estado. Es normal: se aprovechan los momentos de debilidad para separarse del proyecto común. En el fondo no deja de ser un acto insolidario abandonar el edificio que arde antes que colaborar en la extinción del incendio. Históricamente siempre ha ocurrido así. La rebelión de los segadores, en 1640, estalla al tiempo en que al gobierno de Felipe IV se le genera un gran conflicto en Portugal. Es cierto que se trata de un tema de tipo dinerario, como siempre, al aplicarse la Unión de Armas del Conde Duque de Olivares, pero la oportunidad coincide con la flaqueza por la que pasa el país.
Creo que la circunstancia del episodio de inestabilidad sufrido en el año 2016, donde hubo que repetir elecciones y estuvimos a punto de volver a quebrar la posibilidad de formar un gobierno, debe haber influido bastante para que el independentismo considere la ocasión pintiparada para iniciar un proceso que desemboque en una declaración unilateral de independencia. Si no se ponen de acuerdo en lo básico, cómo vamos a poder confiar en ellos. No parece muy atractiva la idea de una España rota en pedazos, donde impera la negación a cualquier tipo de diálogo y se ofrece una alternativa dispersa e inestable, como las mareas que rebasan los límites habituales de la pleamar. Ante este panorama, es lógico que en una región próspera y culta que se considera a sí misma por encima de la media haya una gran multitud que siga al grito de: “Nos vamos. Esto no va con nosotros”. La sorpresa surge cuando un gallinero en rebeldía, empecinado en el no es no y otras negativas presupuestarias dice: ¡Basta! Es el momento en que surge el milagro y los que hasta ahí discrepaban se ponen de acuerdo poniendo por delante el principio constitucional de indivisibilidad y solidaridad. Hasta aquí todo perfecto. Se impone la ley y el consenso para ejecutarla. Porque, en este caso, la ley sin la aquiescencia política no va a ningún sitio.
La segunda parte de esta película empieza cuando los partidos políticos se percatan de que se han salido de sus guiones, de que los pueden acusar de fachas y de colaboracionistas, y empiezan a recular para volver a refugiarse en el fundamentalismo con que han contaminado a sus bases en estos últimos años. Se han convocado elecciones, que es lo que todos estaban deseando, y vuelta a empezar con la cantinela de los vetos y las líneas rojas. Todavía Jesucristo no ha expirado y ya están los soldados jugándose su túnica a los dados a los pies de la cruz. Menos mal que los otros están en las mismas condiciones. Lo decepcionante es que este espectáculo se celebra con total descaro ante los ojos de los millones de españoles que representamos a la mayoría de los ciudadanos de este país. Está visto que con los mismos oficiantes no se puede celebrar una misa distinta. La ceremonia esperpéntica de las consecuencias de las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016 se va a reproducir en las del 2017 en Cataluña. Esto no tiene arreglo.
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