En su primer mes de funcionamiento, el renovado portal de transparencia de la Administración autonómica de Canarias ha registrado un crecimiento del 114% en la media diaria de visitas y el número de páginas vistas se multiplica por diez. Como ya quedó en evidencia en la semana inicial, lo que más atrae la curiosidad de la ciudadanía es el bloque temático de los altos cargos, a no mucha distancia de las retribuciones. A continuación se sitúan las consultas sobre los empleados públicos, las instituciones y la organización. La clasificación por indicadores está encabezada por la información relacionada con las personas que desempeñan altos cargos. Luego vienen los datos del personal eventual; las retribuciones del personal de confianza y, a continuación, las del funcionariado; información sobre los directivos; las retribuciones de altos cargos; anteproyectos de ley y reglamentos; declaración de bienes de altos cargos, y las retribuciones del personal directivo.
Según las estadísticas de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, han entrado en el portal usuarios de 31 países. Después de España, la mayor incidencia se produce en México. Colombia, Venezuela, Alemania, Reino Unido, Rusia, Bélgica, Francia y Portugal completan la lista de las diez procedencias más destacadas.
[su_pullquote align=”right”]El director general Teófilo González expone en Madrid los avances en esta materia y pone como ejemplo el modelo participativo canario[/su_pullquote]
Cuando aún no se lleva ni un año de pleno despliegue de la Ley de Transparencia regional, Canarias está considerada como una avanzadilla en este camino sin retorno. El director general competente en la materia, Teófilo González, participó esta semana en un seminario organizado por la fundación Sociedad de la Información (Socinfo) y celebrado en el Instituto Nacional de Administración Pública (Inap), en Madrid.
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El Ejecutivo publicará cada semestre el seguimiento de su programa
El Gobierno de Canarias ha adaptado las directrices de tramitación de las iniciativas normativas al “contexto social y jurídico”, que se sustenta en la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública. De ahí que haya quedado sin efecto el decreto que regía desde 2012, tras la promulgación de otro más adecuado a las circunstancias. En el apartado dedicado a la evaluación y planificación, Fernando Clavijo dispone que el Ejecutivo autonómico “hará público y mantendrá actualizado anualmente su programa legislativo, así como las previsiones de su desarrollo reglamentario”. En la sede electrónica y en el portal de transparencia se publicará un informe semestral de seguimiento y de las modificaciones que se acuerden. Un grupo técnico de trabajo se encargará de observar la evolución del programa legislativo aprobado por el Consejo de Gobierno, además de colaborar con la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios en la simplificación burocrática y administrativa. También participará en la verificación periódica de la normativa autonómica para “comprobar el grado de eficacia, evaluar el resultado de su aplicación y el cumplimiento de los objetivos perseguidos”. En la fase previa, la elaboración de una iniciativa se someterá al procedimiento de participación durante un periodo máximo de seis meses.[/su_note]
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