La organización ecologista Ossinisa ha informado hoy de que el juez de Valverde ha pedido abrir juicio oral en relación con una denuncia formulada a responsables del Cabildo de El Hierro entre 2003 y 2011 por presunto delito contra el medio ambiente por la gestión de residuos.
Ossinisa, que es parte denunciante y se ha personado en este caso, señala en un comunicado que la investigación judicial, que se ha desarrollado durante diez años, afecta a los presuntos delitos de prevaricación medioambiental, contra la ordenación del territorio y desobediencia.
Como parte denunciante Ossinisa pide las penas máximas para los imputados y la restauración de los vertederos a cargo de los responsables, y además emplaza a las instituciones insulares a estar permanentemente vigilantes en la defensa y el cuidado del patrimonio natural.
Añade que en el informe del Ministerio Fiscal se denuncia a los altos cargos del Cabildo de El Hierro, entre los que se encuentra el actual director general de Tesorería del Gobierno de Canarias, Javier Armas, y el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias y ex-representante de la Federación ecologista Ben Magec en El Hierro, Fernando Gutiérrez, como propietario de un desguace ilegal.
Agrega que de acuerdo a un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, que forma parte del sumario, se constatan vertidos en la zona de La Dehesa (Frontera), en los límites del Espacio Natural Protegido Parque Rural de Frontera.
Por lo que se refiere a la actividad de desguace de vehículos el juez de instrucción describe que en unos 14.000 metros cuadrados hay casi 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización, bidones con aceite que vierten directamente al terreno, además de carecer de todo tipo de permisos, licencias y autorizaciones y de clasificación territorial.
El suelo está clasificado de suelo rústico de protección paisajística, valorando de significativo el daño ambiental producido.
Otro de los vertederos denunciados por el Ministerio Fiscal es el de La Cumbrecita, en el municipio de Valverde, en el que según el Seprona y la Apmun se desprende que desde 2007 se realizó por el Cabildo una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización.
El suelo donde se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado como suelo rústico de protección paisajística, en el que se ha ocasionado un daño irreversible.
