Un compromiso para apoyar y proteger a la familia a través de una política integral más allá de las acciones dispersas. Eso es lo que pretende el Partido Popular con la proposición de ley que, a instancias del diputado Jorge Rodríguez ha registrado en el Parlamento de Canarias, a semejanza de lo que ya ocurre en otras comunidades autónomas y bajo la inspiración del plan nacional para el periodo 2015-2017.
Entre las 26 medidas vertebradoras de su programa electoral, el PP incluye incentivos dirigidos precisamente a la familia: rebaja de dos puntos en el IRPF (el mínimo, del 19% al 17%, y el máximo, del 45% al 43%); ampliación del cheque de 1.200 euros para que también favorezca a los contribuyentes discapacitados y sus cónyuges; atención específica a las familias con hijos discapacitados o con enfermedades raras y la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo; congelación de la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y refuerzo del bono social de la energía, y creación del bono joven en el AVE. En lo que respecta a la conciliación, se activará un plan sobre la maternidad, con ayudas de hasta 2.000 euros al año; aumentó de la duración de la excedencia por cuidado de hijos en el caso de familias numerosas y extensión a diez días del permiso para personas con discapacidad; cambio del huso horario (la hora de Canarias en toda España) y promover que la jornada laboral termine a las seis de la tarde.
En consonancia con lo anunciado por Australia Navarro en la campaña para las elecciones regionales de 2015, la propuesta del PP recoge el reconocimiento de la familia como “estructura básica de la sociedad canaria y ámbito natural de desarrollo de las personas”. En consecuencia, se quiere establecer el marco legal propicio.
Como principios rectores, la iniciativa incorpora estos conceptos: libertad, igualdad, responsabilidad pública, transversalidad, participación, cooperación, proximidad, continuidad y generalidad. El objetivo cardinal sería el de generar unas condiciones mínimas para que la familia sea un “agente integrador, educador y estabilizador”, además de un “instrumento de cohesión social”.
El capítulo quinto está dedicado a la maternidad. Para garantizar el asesoramiento de la mujer embarazada, el Ejecutivo autonómico “fomentará la existencia de centros o puntos de asistencia que proporcionen información individualizada, suficiente, comprensible y accesible de las ayudas y apoyos que puede recibir, tanto jurídicos como económicos, de carácter público o privado”, en concordancia con las “circunstancias personales, socioeconómicas y culturales”. Se desplegaría, asimismo, “una red de lactancia de acceso libre que ofrecerá la posibilidad de alimentar y asear a los hijos en un espacio adecuado”.
La ley en gestación se organiza en 56 artículos, 6 disposiciones adicionales y 2 finales. Impulsa actuaciones para la conciliación, la sensibilización social, el empleo, la vivienda, al educación, la cultura, el turismo; los ámbitos social, sanitario y fiscal; ayudas directas y de participación.
La clasificación de las familias de “especial consideración” hace referencia a las numerosas, las monoparentales, con personas mayores a su cargo, con discapacitados , dependientes y en situación de vulnerabilidad.
“La familia constituye históricamente una de las realidades más complejas de nuestra sociedad”, se lee en la exposición de motivos. “Su definición y composición son cambiantes de acuerdo a su propia evolución, a las realidades socioculturales y a las épocas y territorios donde se asienta”. En Canarias, el PP echa en falta, “aparte de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia”, un organismo competente en materia de coordinación y gestión enfocado a potenciar la función benefactora en los momentos de grandes dificultades.
Antes de las legislativas de 2011, Mariano Rajoy prometió un ministerio de la familia.
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Jorge Rodríguez: “Viene a cubrir un vacío en el ámbito autonómico”
Jorge Rodríguez recalca que le proposición del PP viene a cubrir “un vacío normativo”. Se trata, declara el diputado, de que el Gobierno de Canarias ponga a la familia en el “orden de prioridades”. En cuanto a la tramitación, explica que, como es preceptivo, el Ejecutivo emitirá un informe técnico antes del debate de toma en consideración. “Ahora mismo no tiene repercusiones presupuestarias”, asevera.
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